Al reconocer la culpabilidad de funcionarios gubernamentales en las muertes de Juan Pablo Pernalete, Rafael Acosta y Fernando Alban, el Fiscal General de la Republica, Tarek Williams Saab abrió la puerta para que los pedimentos de justicia se intensifiquen tanto a nivel nacional como internacional. Independientemente de las motivaciones políticas que impulsen esta posición oficial ante los crímenes cometidos, lo cierto es que se crea la oportunidad para que revisemos los centenares o miles de casos sobre los cuales se tienen pruebas contundentes e irrefutables de la violación del Derecho a la Vida por parte de personas investidas de autoridad gubernamental.
En Lara, solamente como ejemplo, hay un libro publicado sobre múltiples asesinatos y otras lacerantes violaciones a los Derechos Humanos. Libro donde de manera detallada y bien documentada se registran varios crímenes donde funcionarios gubernamentales tienen responsabilidad directa. Esta publicación fue coordinada, entre otras personalidades de alta talla moral, por la abogada Nelly Cuenca, el médico Marco Tulio Mendoza y el sociólogo Nelson Fréitez. Allí se encuentran nombres, fechas y todos los datos necesarios para que cualquier tribunal pueda hacer justicia.
Pero igual que en Lara, a nivel nacional existen infinidad de casos donde con meridiana claridad se tiene conocimiento de violación flagrante de derechos esenciales, siendo uno de los casos más emblemáticos el de Oscar Pérez, sobre el cual todo el país tuvo conocimiento en vivo de la ocurrencia de los hechos.
Recordemos brevemente. Este funcionario policial se declaró en rebeldía contra el régimen y tuvo actuaciones en su contra donde no se derramó ni una gota de sangre. Fueron acciones que por su impacto mediático rayaban en lo teatral, al punto que hubo sectores de la opinión pública que consideraban estos desplantes de Oscar Pérez como un vaudeville patrocinado por la dictadura con fines de distracción, No obstante, las demostraciones de arrojo y valentía de Oscar Pérez eran absolutamente auténticas y movidas por una convicción democrática profunda. Por ello el régimen desató contra él y su equipo una feroz persecución que tuvo éxito al acorralarlo en una casa de los suburbios de la ciudad. Luego de un entrecruce de disparos Oscar Pérez decide rendirse y ello fue aceptado por el oficial al mando del operativo, para minutos después recibió una contraorden por la cual el hombre rendido fue masacrado con armas de alta potencia y cargas explosivas que convirtieron en ruinas el sitio donde estaba. Al parecer se hizo esta destrucción para borrar cualquier huella del atropello contra la legalidad. Pero la evidencia quedó en la memoria de la infinidad de venezolanos que presenciaron aterrados la masacre, a través de las redes sociales.
No sabemos por qué esta atroz actuación no aparece en la lista de asuntos a revisar, sin embargo, la actitud del Fiscal General no es señal de un propósito de enmienda, ni tampoco refleja el arrepentimiento propio de una persona decente, es otro el propósito de este lúgubre personaje: tratar de impedir que la justicia internacional actúe en el esclarecimiento y castigo de estos crimines. Efectivamente el artículo 17, ordinal a) del Estatuto de Roma establece que será inadmisible la investigación ante el Tribunal Penal Internacional: “Cuando el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él…”. De esta manera se obstaculizaría la intervención de la justicia internacional, pues esta jurisdicción es subsidiaria, entra en funcionamiento una vez que se constata que el Estado en donde se cometió la infracción no actuará, suple la inacción de la justicia nacional.
A pesar de lo anterior, el numeral 3 del mismo artículo dispone que la Corte Penal Internacional, para comprobar la efectividad de la averiguación abierta “…examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas necesarias o no está por otras razones en condiciones de llevar el juicio”. Por tanto, se debe probar estas últimas condiciones, lo cual está a la vista debido a que Venezuela cuenta con un Poder Judicial sin independencia, sujeto a las órdenes del oficialismo.
Como dijimos anteriormente, el Fiscal Tarek Williams abrió la puerta para que se expongan nuevamente ante la opinión pública nacional e internacional centenares de casos donde hubo negación de justicia. Procedamos entonces quienes amamos la Ley a colocarlos nuevamente sobre el tapete.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
