El 1 de mayo, durante la conmemoración del día del trabajador, Nicolás Maduro volvió a mencionar a las contrataciones colectivas, bajo lo que llamó un “nuevo concepto”, adaptado al contexto de “guerra económica” por sanciones internacionales.
Este nuevo concepto implicaría módulos prioritarios de salario, salud, vacaciones, educación y vivienda. “¿Hemos avanzado? un poquitico (…) tenemos que avanzar mucho, mucho más, porque el contrato colectivo puede ordenarle la vida al colectivo laboral”, señaló.
En un momento donde los hospitales están desmantelados y colapsados, señaló que podrían buscar mejores fórmulas -al contrario del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad- para garantizar la salud de los trabajadores, con médicos y tratamientos. “Construir el sistema de salud pública gratuito y de calidad de la clase obrera (…) eso se puede hacer ya”.
Para el experto en relaciones laborales y exsecretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares, Eleuterio Benítez, esta propuesta no se cumplirá.
“No es posible nada, ellos han permitido todo tipo de explotación de los trabajadores”, apuntó.Prevé que nada de lo prometido se cumplirá en lo que respecta al sistema de salud, debido a que los trabajadores han muerto sin que se les atienda ni respete los seguros de HCM actuales.
Prevé que nada de lo prometido se cumplirá en lo que respecta al sistema de salud, debido a que los trabajadores han muerto sin que se les atienda ni respete los seguros de HCM actuales.
Benítez sostuvo que este contrato ni siquiera serviría para quedar bien parado internacionalmente, debido a las violaciones documentadas por la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo desde 2019, que siguen sin ser atendidos.
“Debe tener desde luego diálogo social, una de las cosas que no hay en Venezuela”, indicó el laboralista con respecto a la propuesta medular de la OIT sobre el trabajo decente que incluye salarios suficientes para el trabajador y la familia, seguridad social y trabajo productivo.
Por su parte, Héctor Lucena, experto en relaciones labores y profesor de la Universidad de Carabobo, indicó que la propuesta es contradictoria dado la escasa atención del diálogo social bajo el período de Nicolás Maduro, ante una nula negociación y ocho años de recesión económica.
En los años 90 era normal que se negociara 1.700, 1.800 convenios anuales. En estos últimos años, si se llegan a negociar decenas de convenios es mucho. La convención colectiva ha desaparecido”, sostuvo Lucena.
En marzo de este año, dirigentes sindicales alertaron sobre la firma de contratos colectivos en empresas básicas sin previa discusión. Para ese momento, Henry Arias, secretario de trabajo y reclamo del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa), señaló que desde el Ejecutivo es común que se anuncien convenciones colectivas como “cebo” para ganar votos en las venideras elecciones, sin generar en sí mejores condiciones de vida.
En 2018, el Ministerio del Trabajo impuso el memorando 2792 que eliminó las contrataciones colectivas, tablas salariales y beneficios laborales de los trabajadores de todo el país.En Bolívar esa decisión dejó desamparados a los empleados de empresas básicas en medio del alza de contagios por COVID-19.
La pandemia cobró la vida de trabajadores como Miguel Ekar, de Alcasa, José Jiménez, de Sidor, o personal de base como José Mundarain, quienes fallecieron en hospitales o en casas esperando atención médica sin ninguna respuesta del Estado.
En Bolívar esa decisión dejó desamparados a los empleados de empresas básicas en medio del alza de contagios por COVID-19. La pandemia cobró la vida de trabajadores como Miguel Ekar, de Alcasa, José Jiménez, de Sidor, o personal de base como José Mundarain, quienes fallecieron en hospitales o en casas esperando atención médica sin ninguna respuesta del Estado.
Aumento mínimo
Este mismo fin de semana, además de las promesas de contrato colectivo, el gobierno aumentó, sin previa discusión, el salario mínimo de 1,8 millones a 7 millones de bolívares, informó el que para ese momento era ministro del Trabajo, Eduardo Piñate.
El monto que equivale a 2,5 dólares al mes fue cuestionado por Ricardo Cussano, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), a través de Unión Radio donde aseguró en este nuevo monto necesitaba de diálogo tripartito.
Asimismo se anunció que el diputado oficialista, José Ramón Rivero, ocuparía el cargo de ministro del Trabajo, luego de que Piñate pasara al cargo de ministro de Educación.
Rivero, quien en 2007 ocupó el cargo de ministro del Trabajo, a mediados de febrero del presente año había anunciado su precandidatura a la Gobernación de Bolívar, acción cuestionada por actores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
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