La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el Partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, destituyó el sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, en un movimiento que recibió duras críticas dentro y fuera de la nación centroamericana por considerar que atenta contra la división de poderes.
Con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, la Asamblea determinó en su primera sesión remover a los cinco magistrados de la sala bajo el argumento de que han violentado la Constitución al haber resuelto varios recursos en contra de medidas que el presidente Bukele intentó adoptar durante la pandemia.
El mandatario salvadoreño elogió el acuerdo y aseguró que “el pueblo” celebraba la decisión, al tiempo que pidió a la comunidad internacional no inmiscuirse en el tema.
Unas horas después, la misma Sala Constitucional destituida por la Asamblea emitió una declaratoria de inconstitucionalidad de la determinación legislativa, aunque no estaba claro qué ocurrirá ahora, por ejemplo, si el caso puede ser tratado y revertido por el pleno de la Corte Suprema. Uno de los magistrados destituidos es el también presidente de la Corte Suprema, José Armando Pineda Vargas.
La Sala Constitucional señaló que el hecho de que el Ejecutivo no esté de acuerdo con sus resoluciones, “no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier conformación de esta sala, es decir, una coacción”.
No obstante, la misma noche del sábado el pleno de la Asamblea escogió y juramentó a cinco nuevos magistrados de la Sala Constitucional.
Más tarde, con 64 votos a favor, siete en contra, 11 abstenciones y dos ausentes, destituyeron al Fiscal General, Raúl Melara.
“Se ha comprobado que existe un vínculo con el partido Arena”, dijo el diputado Numan Salgado, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que expuso la petición de los parlamentarios de Nuevas Ideas.
“Basta revisar el listado de financistas privados de Arena del año 2014, obtenidos del sitio oficial, donde aparece el ahora fiscal general de la República. El mismo pueblo salvadoreño ha sido testigo de cómo Raúl Melara participa activamente como miembro de Arena”, añadió.
La abogada Tahnya Pastor dijo a The Associated Press que el nombramiento de Melara como Fiscal General forma de lo que se ha hecho siempre en el país, “reparto de cuotas partidarias o conveniencias políticas. Fue un trato, el FMLN necesitaba que se le aprobara el presupuesto General de la nación y Arena quería como siempre su Fiscal General”.
Melara fue electo para un periodo de tres años que concluye en diciembre de 2021, pero los diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados decidieron destituirlo.
El presidente del congreso, Ernesto Castro, juramentó más tarde como nuevo Fiscal General al abogado Rodolfo Antonio Delgado, para el periodo del 2 de mayo de 2021 al 5 de enero de 2022.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, criticó la decisión. “Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”, señaló en su cuenta de Twitter.
Y antes de la votación, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Julie Chung, señaló que veían “con preocupación” la propuesta de destitución y que una “relación fuerte” entre ambos países depende de que el gobierno de Bukele “apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.
Entrada la noche, Bukele envió un mensaje en su cuenta de Twitter a la comunidad internacional y señaló que si bien tienen las puertas abiertas de su país, “estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”.
Los partidos de oposición también arremetieron contra las medidas de la nueva Asamblea.
“Esto es un atropello a la República y a la democracia”, señaló en su cuenta oficial de Twitter el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
“Evidenciando totalmente su búsqueda del poder total, su primera moción en la Asamblea Legislativa destituir a la Sala de la Constitucional de la CSJ, anulando la separación de poderes y sepultando a El Salvador como República”, dijo por su parte el presidente de Arena, Erick Salguero.
La iniciativa del partido Nuevas Ideas sostienen que “los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población; los pusieron en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas”.
Por su parte, el presidente Bukele defendió la decisión de los diputados y dijo que “la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la Asamblea Legislativa, es una facultad INCONTOVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de las Constitución de la República”.
Según la Constitución, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.
Tanto para la elección como para la destitución deberá de tomarse con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputados electos.
