Seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en Venezuela hace más de tres años por cargos de corrupción fueron puestos en arresto domiciliario el viernes en un gesto de buena voluntad hacia el gobierno del presidente Joe Biden, el cual está examinando su política hacia el turbulento país sudamericano.
La liberación parcial de los seis empleados de la empresa Citgo, con sede en Houston, fue confirmada a The Associated Press por abogados y familiares de los hombres.
Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados mientras participaban en una junta en Caracas justo antes del Día de Acción de Gracias en 2017. Habían sido convocados a Venezuela para que asistieran a dicha junta en la sede de PDVSA, propietaria de Citgo.
Los llamados 6 de Citgo ya habían sido puestos en arresto domiciliario en diciembre de 2019, pero fueron encarcelados de nuevo dos meses después, el mismo día en que el expresidente Donald Trump recibió al líder opositor venezolano Juan Guaidó en la Casa Blanca.
En la acción de liberar a los hombres, Maduro podría estar apostando a que recibirá un mejor trato por parte de Biden, quien durante la campaña electoral señaló que la política de Trump encaminada a lograr un cambio de régimen en Venezuela era un “fracaso abyecto” que sólo sirvió para fortalecer al líder socialista.
Hace unos días, funcionarios de alto rango de varias agencias federales en el gobierno de Biden tenían previsto reunirse para sopesar las opciones de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de reducir las sanciones petroleras que heredó de Trump y tomar medidas para apoyar un incierto intento de diálogo entre Maduro y sus adversarios, según dos personas familiarizadas con los planes.
La reunión, a la que asistiría la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, siguió a varias acciones de Maduro en los últimos días para llamar la atención de Biden, como ceder a la añeja demanda estadounidense de que se permita la presencia del Programa Alimentario Mundial en el país en momentos en que aumenta el hambre.
En los últimos días, aliados de Maduro también examinaron con oponentes en forma discreta la conformación de un nuevo consejo electoral, así como acciones conjuntas para combatir el coronavirus y reunirse con diplomáticos de Noruega que intentan reactivar las negociaciones para poner fin a la interminable crisis política del país.
Sin embargo, la detención de los estadounidenses es vista como un obstáculo extraordinario para cualquier acercamiento.
Juan Gonzalez, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo el viernes a la AP en una entrevista que para evaluar la seriedad de Maduro con vistas a eventuales negociaciones quería ver la adopción de “medidas concretas por parte del régimen, no palabras”.
En las últimas semanas, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson fue uno de los que trabajó tras bambalinas para presionar al gobierno de Maduro con el fin de que liberara a los hombres.
“Este es un paso positivo e importante que debería ayudar a garantizar su bienestar durante el brote de COVID-19 en Venezuela”, dijo Richardson en un comunicado.
Richardson prometió trabajar arduamente para que los ejecutivos regresaran a casa. El exgobernador ya ha abierto canales extraoficiales con gobiernos hostiles como Irán, Cuba y Corea del Norte para conseguir la liberación de unos 40 estadounidenses.
Pidió también la liberación de Luke Denman y de Airan Berry, dos ex boinas verdes que participaron en una incursión fallida el año pasado organizada desde la vecina Colombia, y del ex infante de Marina Matthew Heath, quien está detenido por acusaciones no relacionadas.
Los seis ejecutivos estadounidenses fueron declarados culpables de malversación el año pasado en un juicio que estuvo lleno de demoras e irregularidades. Fueron sentenciados a entre 8 y 13 años de prisión por una propuesta, que nunca se llevó a cabo, para refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía. En ese entonces Maduro los acusó de “traición”. Todos se declararon inocentes.
El papa Francisco también presionó para que los hombres sean liberados. El cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, envió una carta el año pasado a la entonces embajadora de Estados Unidos en el Vaticano, Callista Gingrich, en la que mencionaba una misiva enviada por el representante de la Santa Sede en Caracas a las autoridades venezolanas exhortándolas a tener clemencia.
Se tenía previsto que Parolin viajara a Venezuela, donde anteriormente fungió como nuncio apostólico del Vaticano, para asistir a la beatificación el viernes de José Gregorio Hernández, un médico venezolano del siglo XIX apodado “el doctor de los pobres”. Pero Parolín canceló el viaje en el último momento debido a la pandemia de coronavirus.
“Deseamos que nuestro querido Tomeu estuviera en un avión con destino a Estados Unidos con libertad incondicional, pero estamos muy agradecidos por este paso positivo hecho posible por el gobernador Richardson y su equipo, el secretario de Estado Antony Blinken y el Departamento de Estado, el Vaticano y otros aliados en todo el mundo”, señaló la familia de Tomeu Vadell en un comunicado.
