Grupos que forman parte del éxodo forzado de venezolanos hacia otros países, enfrenta problemas propios derivados de su orientación sexual o de identidad de género, incluyendo dificultades de acceso a servicios públicos de salud o expresiones de violencia que pueden llegar a actos extremos, como el asesinato, siendo uno de los la población LGBTI.
Así lo refleja el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) en su nuevo estudio Movilidad y diversidad. La salud física y mental de personas migrantes y refugiadas venezolanas en relación con su orientación sexual o identidad de género, el cual aborda la realidad de los connacionales migrantes del colectivo LGBTI, durante el trayecto y al llegar a Colombia, Ecuador, Perú y Chile, los cuatro principales países receptores de venezolanos en Latinoamérica.
La investigación se enfocó “en la situación de las personas que viven con VIH, por tratarse de la mayor preocupación en materia de salud física, en el conjunto de la comunidad LGBTI. Igualmente, se abordan las principales amenazas a la salud de las personas LGBTI, apuntando especialmente a las expresiones de discriminación y violencia, con énfasis en la situación de las personas trans”, según se lee en la introducción del documento.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre diciembre de 2020 y enero de 2021 y se basó en entrevistas de profundidad a personas LGBTI. Adicionalmente se efectuó el análisis de las regulaciones propias de cada país receptor y se contó con el apoyo informativo de varias organizaciones defensoras de derechos humanos en las naciones incluidas en el estudio.
El informe se divide en tres bloques: 1) Salud física, con énfasis en la situación de las personas que viven con VIH; 2) Salud mental: discriminación y violencia; y 3) Conclusiones y recomendaciones.
Algunos hallazgos. Lo que dice el documento
Respecto a quienes son portadores de VIH, el estudio revela que en algunos países hay exigencias burocráticas para acceder al sistema de salud; en otros aún prevalecen prejuicios, incluso en el mismo ambiente médico, que afectan aún más la situación del migrante o refugiado, discriminándolos abiertamente, no solo por razones de nacionalidad o condición migratoria, sino por los tabúes presentes en dichas sociedades. La organización Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI) estima que entre 8 mil y 10 mil personas que viven con VIH han abandonado Venezuela buscando solución a sus problemas de salud, a través del acceso seguro a medicamentos y tratamientos.
Respecto a la salud mental, las afectaciones se producen tanto a lo largo del trayecto, como en el lugar de destino. Durante el trayecto, muchos migrantes se enfrentan a abuso de poder, extorsión y robo por parte de funcionarios, especialmente policiales, militares y de migración, así como por grupos armados irregulares. «Estos abusos, que se producen principalmente en los puntos de migración y pasos fronterizos no controlados, tienen un agravante cuando se trata de personas LGBTI, ya que los prejuicios con frecuencia inciden en un trato discriminatorio que incluye maltrato verbal, psicológico y físico en el que se alude expresamente a la orientación sexual o identidad de género de la víctima».
Una vez en los países receptores, las personas LGBTI sienten la discriminación en el trato que reciben de funcionarios de diferentes entes públicos, por el hecho de ser personas LGBTI y por migrantes.
Los hombres y mujeres trans se enfrentan a mayores niveles de discriminación y violencia, a causa de una carga de prejuicios sociales más acentuados hacia este sector. Una frecuente forma de agresión durante el trayecto se relaciona con los documentos de identificación, por lo cual se puede generar trato desigual para cualquier persona LGBTI, pero especialmente para las personas trans.
Tras llegar a su país de destino, las personas trans son objeto de diferentes formas de discriminación y violencia, entre las que se incluyen exclusión y rechazo, agresión policial y golpizas en las calles. Por otra parte, la violencia extrema puede llevar hasta el asesinato. “En agosto de 2020 se registró el caso de Patricia Dumon, una joven trans venezolana de 21 años que fue asesinada en Santa Marta, Colombia. Patricia es una de las 110 víctimas de violencia contra población LGBTI venezolana registradas por Caribe Afirmativo entre mayo de 2018 y agosto de 2020”.
El estudio del CDH UCAB cierra con varias recomendaciones a los Estados receptores, entre las cuales se incluye el desarrollo de políticas públicas para atender a las necesidades y derechos específicos de la población LGBTI; la creación de programas de formación de funcionarios policiales y migratorios; la ampliación de la figura del refugio como opción de protección para las personas LGBTI y la puesta en marcha de campañas que faciliten la denuncia, “de tal manera que se logre romper el círculo de la invisibilización y revictimización de este sector de la población”.
