Un total de 183 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender durante el primer trimestre de 2021, lo que representa un aumento del 259% en relación al mismo período en el año 2020, cuando se registraron 51 situaciones, registró el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Los 183 hechos registrados entre los meses de enero y marzo se caracterizaron por:
107 Estigmatización, 31 Intimidación, 13 Amenazas, 10 Judicialización, 9 Detenciones arbitrarias, 7 Otros, 3 Allanamientos y 3 Ataques digitales.
Aumenta la reducción del espacio cívico y democrático
El Estado sigue afianzando las medidas autoritarias a través del uso de la fuerza, que aumentan la reducción del espacio cívico y democrático, las agresiones en contra de quienes defienden y exigen derechos se producen en este contexto con el fin de evitar que se sigan documentando, denunciando y difundiendo los abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
En relación al total de ataques e incidentes registrados durante el trimestre del año destaca la persistencia en el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos, y otras plataformas digitales de comunicación, con el fin de afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos.
Estos hechos ponen en evidencia que defender derechos humanos en Venezuela se presenta como una labor de alto riesgo.
Avanzan acciones de criminalización a la cooperación internacional
Advierte el CDJ que la posibilidad de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional representa una limitación más al espació cívico y democrático, donde la reducción de espacios para que las organizaciones puedan realizar sus actividades legítimas de forma libre y sin restricción se sigue aumentando, generando un aumento en los niveles de riesgo para quienes realizan actividades en torno a la promoción y defensa de derechos humanos y acciones de carácter humanitario.
Ante esta situación corresponde precisar que, el derecho internacional reconoce y establece como un derecho la cooperación, el cual incluye la posibilidad de solicitar, recibir y utilizar recursos, de distinta índole, con el fin de promover y proteger los derechos humanos. Por consiguiente, la obtención o búsqueda de fondos del exterior, el recibir apoyo o realizar actividades técnicas con organizaciones y actores internacionales y la interacción con los sistemas internacionales de protección no debe presumirse como actividades ilegitimas, contrarias a los intereses de la nación o delito. Mucho menos deben ser objeto de criminalización mediante leyes que restrinjan el pleno ejercicio de la libertad de asociación, la libertad de expresión, la posibilidad de asistencia y en general la plena operatividad de las organizaciones. Especialmente en un contexto de emergencia humanitaria compleja donde se hace más necesario el trabajo de la sociedad civil para atender la crisis social y de derechos humanos.
La defensa de derechos humanos un año bajo estado de alarma
Asimismo se afirma que las medidas represivas, autoritarias y de control social aplicadas durante el tiempo de vigencia del estado de alarma han servido para profundizar la Política de Criminalización en contra de la defensa de los derechos. Evidenciando el agravamiento en la sistematicidad de los ataques en contra de personas y organizaciones que integran el movimiento de derechos humanos venezolano y generado mayores obstáculos para el ejercicio de la acción humanitaria.
Se recuerda que entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 se registró un total de 455 agresiones e incidentes de seguridad en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos y desarrollan acciones humanitarias, demostrándose el recrudecimiento de la Política de Criminalización y lógica del enemigo interno aplicada contra quienes defienden y exigen derechos.
