Más de 600 organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos en Venezuela exigieron este martes la derogatoria de una providencia que regulará su actuación, por considerar que pondrá “en grave amenaza” a quienes se encuentran bajo el amparo de estas ONG en el país.
«Exigimos su derogación inmediata y el cese, por completo, de las políticas de criminalización y persecución“, dijeron 663 organizaciones, entre ellas la sección para Venezuela de Transparencia Internacional«, expresaron en un comunicado conjunto.
Las organizaciones reaccionaron de esta manera a la Providencia Administrativa 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en la que tendrán que apuntarse antes del 1 de mayo.
Esta herramienta legal, dijeron las 663 organizaciones en el comunicado, obligará “a revelar información personal” de quienes reciben apoyo humanitario, “lo que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano“.
Además, aseveraron, “viola el derecho humano a la libertad de asociación” y la “presunción de inocencia” y de legalidad consagradas en las leyes de Venezuela.
«Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo, que deberían estar restringidas al sistema financiero”, añade el comunicado.
Por ello, los firmantes del documento estimaron que la providencia “se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año” en el país.
