Unión y Progreso se pronunció sobre la situación de la COVID-19 en Venezuela. Mediante un documento, explicaron: “Estamos frente a una situación alarmante, la capacidad del sistema asistencial
nacional se está saturando. Cada día proliferan las personas quienes, afectadas por la
enfermedad, deben resignarse a quedarse en sus hogares, con todos los riesgos del caso. Por
ello, la vacunación masiva es una necesidad urgente”.
Ratificamos nuestra afirmación, con la salvedad de que el sistema de salud ya se encuentra saturado. La
escalada del contagio ha sido tal, que cualquier persona tiene noticias de familiares, amigos,
vecinos, conocidos, afectados por COVID y, lo más doloroso, del fallecimiento de muchos de
ellos. De un hecho novedoso, la pandemia se ha hecho rutina entre nosotros. Un ciclo luctuoso
se posiciona frente a la mirada inerme de la mayoría de la población, desposeída de recursos
económicos para enfrentar este reto natural que, por añadidura, inclina la balanza hacia la
precariedad, producto de la profunda crisis económica y social que nuestra patria arrastra
desde hace varios años.
Ante el drama que representa la pandemia de COVID-19 en Venezuela, una vez más, la
dirigencia política dominante, oficialista y la de ciertos sectores de oposición, antepone sus
intereses particulares frente al bien común. Una diatriba estéril, con aristas de oportunismo, se
ha desatado en torno a la culpabilidad de la inexistencia de un plan de vacunación masiva. Al
respecto, entendemos que la responsabilidad principal de la carencia de un plan bien
estructurado, con metas programadas, acompañadas de una campaña informativa, educativa y
orientadora, corresponde al Ejecutivo Nacional. Pero, por otro lado, parte de la oposición
política, hace alarde de la consecución de recursos económicos para la adquisición de vacunas,
descargando las responsabilidades únicamente sobre el bando oficialista, evadiendo la suya,
en cuanto a la necesidad del consenso nacional frente a esta contingencia, e ignorando el
hecho de que los recursos económicos que manejan pertenecen a la nación venezolana y, por
ende, AL PUEBLO VENEZOLANO.
