Uno de los más nobles y consensuados esfuerzos democráticos a favor del pueblo venezolano que concretaron felizmente los partidos políticos fue la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Dicha legislación asegura, de ser aplicada, la transparencia del juicio penal a través de lo que se ha llamado debido proceso, por medio del cual se establece con claridad indubitable el respeto de las garantías procesales propias de un auténtico régimen democrático.
Para la redacción de este Código se contó con la participación de destacados procesalistas y de experimentados jueces que consideraban al vetusto Código de Enjuiciamiento Criminal con su sistema inquisitivo escrito u obstáculo para una justicia con la celeridad y transparencias requeridas en estos tiempos. Se contó además con la asesoría de distinguidos juristas internacionales especializados en la materia y con claras tendencias a un proceso penal moderno a través de un sistema acusatorio oral.
Se realizó un trabajo con método científico, amplitud intelectual y riguroso respeto de los dogmas constitucionales. En verdad un esfuerzo democrático que a lo largo de más de cuatro años hizo un repaso de las diferentes corrientes del pensamiento procesal penal para lograr un producto jurídico que mediante el Derecho Comparado, culminó en un texto que fue aprobado por aclamación por el Congreso Nacional. Si, no fue una aprobación “con la señal de costumbre”, sino con un aplauso de pie de diputados y senadores, para celebrar el haber realizado un Código que era y es orgullo de la legislación latinoamericana y uno de los primeros en el proceso de modernización de la región.
Hoy el Código Orgánico Procesal Penal, el cual repetimos, fue una conquista del talento jurídico nacional, un triunfo político porque alcanzó un consenso de todos los partidos, un escudo ciudadano ante cualquiera injusticia procesal, está amenazado de muerte por el anuncio de la señora Iris Varela, quien ha participado que se está preparando la redacción y aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, lo cual hace sospechar que el inédito texto sea en obsequio de quienes desde su condición de reos se han convertido en jefes de las cárceles venezolanas. Algo presumible dada la afinidad manifiesta que ha mostrado la ahora Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ilegitima, con las torvas figuras del delito.
Se encienden las hogueras torquemadas rojas rojitas de esta longeva dictadura. Ya el COPP es un fantasma. El espíritu del legislador auspiciante de un proceso transparente y expedito de respeto a las garantías procesales del ciudadano, pasó a mejor vida, actualmente es un espectro que deambula por los tribunales donde se ha dado al traste con aquello del debido proceso. Un Poder Judicial que no es digno de ese proceso que aprobó la democracia como su hijo póstumo, poco antes de entronizarse la tiranía.
Ahora en boca de la diputada amiga de los pranes, se conoce la pretensión de poner la puntilla a ese proyecto de modernización de la justicia penal que germinó exitosamente en toda América Latina, mediante la redacción y aprobación de un sistema procesal que vista a la dictadura de una legitimidad que nunca podrá obtener. Ya el COPP fue desdibujado en sus propósitos a través de jueces penales que no respetan los principios procesales de una justicia penal democrática, ahora lo que se pretende es borrar en forma definitiva la letra de la ley, que aun cuando es irrespetada por el Poder Judicial, continúa ahí. Nada bueno podrá emerger de mentes ignorantes y perversas que siempre ocultan fines inicuos. Dios con nosotros.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
