En una clara y evidente coincidencia con otros sectores de la vida nacional, como las Academias de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas, Matemática y Naturales, la ONG Transparencia Venezuela exige programas transparentes de vacunación, lo que hoy se ha convertido en un clamor generalizado.
Estiman que en un escenario de alta demanda de vacunas para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad infecciosa COVID-19, no todas las naciones tienen acceso a los fármacos fabricados por diferentes laboratorios alrededor del mundo. Advirtiendo que el caso venezolano sobresale no solo por iniciar de forma tardía los planes de inmunización, sino también por el secretismo gubernamental en torno al proceso de adquisición de las vacunas y a las denuncias de abuso y de privilegios para quienes ostentan el poder, sin haber asegurado la protección a los grupos vulnerables.
Recuerdan que a poco más de un año de iniciada la crisis, a escala global se contabilizan 117,8 millones de personas contagiadas y más de 2,6 millones de fallecidos. Además de las medidas de confinamiento, distanciamiento social y uso de tapabocas para frenar la acelerada ola de transmisión, alrededor del mundo se comenzaron a aplicar, desde diciembre de 2020, programas de vacunación masiva con al menos siete fármacos autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Venezuela, la principal medida adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido la implementación de períodos de paralización de actividades económicas en alternancia con lapsos de flexibilización. No obstante, según testimonios y registros de organizaciones independientes, el país atraviesa en la actualidad su pico más alto de contagios sin garantizar el mayor número de pruebas de despistaje de la enfermedad y sin acelerar la inmunización a la mayoría de la población, en particular a los sectores expuestos a más altos riesgos: trabajadores de la salud, personas de edad avanzada y con enfermedades crónicas.
En oídos sordos
La vacunación masiva contra la COVID-19 comenzó oficialmente en Venezuela el 18 de febrero de 2021, cinco días después de la llegada de un primer cargamento con 100.000 dosis del fármaco Sputnik-V desarrollado por el Instituto Gamaleya, en Rusia. El pasado 29 de marzo el país recibió otras 50.000 vacunas de esa firma, para sumar a la fecha 250.000 dosis, es decir, 2,5% de los 10 millones de unidades prometidas. Además, arribaron 500.000 de la Sinopharm de fabricación china, para un total de 750.000 vacunas. Desde el inicio, el proceso ha estado signado por la opacidad en torno a las negociaciones para la compra de las preparaciones y a los criterios de aplicación.
Además de trabajadores de la salud de cuatro hospitales piloto ubicados en Caracas, La Guaira y Miranda, la inmunización con ese lote inicial ha incluido a militantes del partido de gobierno, diputados, policías, militares y otras figuras vinculadas con funcionarios públicos. Estas acciones, tal como lo describe el estudio, contravienen las recomendaciones de organizaciones internacionales, sociedades científicas y academias médicas que instaron a los países a desarrollar estrategias de priorización para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, debido, entre otras cosas, a que no se iba a disponer en lo inmediato de un suministro suficiente para inmunizar a toda la población elegible.
Por su parte, Academia Nacional de Medicina insistió sobre la urgencia de definir y difundir un plan nacional de vacunación que hiciera énfasis en la priorización. A los argumentos científicos se suma la incapacidad del sistema de salud público para hacer frente a una emergencia de esta magnitud. No obstante, en lugar de reconocer los llamados de los académicos y rectificar las medidas para garantizar la protección de quienes están en la primera línea de atención de la pandemia y de la población más vulnerable, voceros gubernamentales optaron por amenazar a quienes advierten sobre el drama que se escondería tras las cifras oficiales de contagios y muertes por complicaciones con COVID-19.
El más reciente episodio de esta tragedia fue la negativa de la administración de Maduro a aceptar el ingreso de las vacunas AstraZeneca a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que la decisión se basaba en los supuestos efectos secundarios provocados por el fármaco en residentes de algunos países. Sin embargo, aparentemente Venezuela no había recibido las dosis asignadas por esa plataforma debido a la deuda que mantiene con la OMS. Para solucionar esta situación, la oposición liderada por Juan Guaidó, que controla los fondos venezolanos en el exterior, afirmó que dedicaría 30 millones de dólares a pagar esas vacunas. Poco después del anuncio de un supuesto acuerdo entre ambas partes para adquirirlas, el gobierno las rechazó.
El virus de la corrupción
El informe Venezuela: inmunización política e inestabilidad social. Prioridades en pandemia, profundiza en los principios que han regido la selección de los grupos priorizados para la vacunación contra la COVID-19 en el mundo. Además, presenta los grupos priorizados en los planes de países de América Latina y Europa, que se contrastan con las decisiones tomadas en Venezuela durante el primer mes del proceso de inmunización. Igualmente, aborda la urgencia en materia de transparencia en el proceso de vacunación nacional para garantizar una buena administración pública y el respeto a la vida de los venezolanos.
Sin embargo, el problema de las vacunas se produce en medio de una profunda crisis de salud agravada por la pandemia que ha sido analizada por Transparencia Venezuela. A lo largo de este primer año de pandemia, la organización ha ahondado en el origen del colapso del sistema sanitario y ha advertido sobre las implicaciones que este contexto tiene la llegada de la COVID-19 y el manejo que ha tenido la emergencia. Así lo expuso hace justamente un año, en el Día Mundial de la Salud, con la presentación del estudio Salud en Venezuela: Un escenario aterrador para 2020, que revela cómo en el país se ha ido incrementando la vulneración del derecho a la salud, con la afectación de los elementos que conforman esta prerrogativa: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
De igual modo, en mayo del año pasado salió a la luz la investigación ¿Aislamiento social como anillo al dedo? Esta publicación advierte sobre uso del confinamiento y las medidas restrictivas como mecanismo de contención ante el colapso que vive el país. El especial retrata cada uno de los elementos que configuran la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta la población y los efectos del Estado de Alarma adoptado en marzo de 2020 por el gobierno de Maduro para enfrentar la crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables. En tres interesantes capítulos, el informe detalla el escenario venezolano antes y durante los dos primeros meses de pandemia.
A finales de año, en noviembre de 2020, se publicó Salud en Venezuela: Cuando la corrupción es el virus, estudio que identifica una tipología de la gran corrupción en el sector salud, y presenta una selección de casos que dejan ver la profundidad y el alcance de este fenómeno que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. El informe es el resultado del seguimiento al sistema sanitario, investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras; así como a los hallazgos de indagaciones realizadas por reconocidos medios de comunicación independientes.
El tema también está presente en la salud está en cuarentena y en al hospital se viene a morir, dos de las historias que conforman las Crónicas de una Emergencia Humanitaria, serie de siete entregas que retrata la devastación en Venezuela producto de la corrupción, que fue publicada en febrero de este año.
Campañas por la vida
Ante la incertidumbre generada por el aumento de las cifras de contagios y muertes por COVID-19; la opacidad con la que se ha manejado el tema de las vacunas; los anuncios de inmunizaciones a personal de la alta esfera del gobierno sin garantizar la atención a los sectores prioritarios de la población y el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a las dosis de AstraZeneca; los gremios médico, educativo y periodístico activaron en las redes sociales campañas para exigir que se inicie la inmunización masiva de los venezolanos para frenar el avance de la pandemia. Numerosos usuarios de Twitter se sumaron a la iniciativa impulsada por dichos sectores compartiendo mensajes con la etiqueta #DejenEntrarLaVacuna.
Luego de que el gobernante recomendara incluir a los docentes en las jornadas de aplicación de las dosis, sin conocerse si ya había sido atendido todo el personal de la salud, la organización Médicos Unidos de Venezuela pidió que los galenos se mantengan como sector priorizado de vacunación contra el COVID-19. “No queremos seguir siendo víctimas en cumplimiento de nuestro deber. La vacuna no es un capricho”, escribió la ONG en su cuenta de Twitter, sin referirse a cuántos doctores han sido vacunados hasta el momento. El gremio recordó que los trabajadores de la salud están en primera línea de batalla y que por esta razón merecen estar protegidos para seguir luchando contra la pandemia.
A las peticiones se sumó la de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) que este domingo le solicitó al mandatario, así como a los ministerios de Salud y Educación Universitaria, que les asignen vacunas a las comunidades universitarias. En el comunicado de la asociación, se le pide al Estado que ponga al sector como prioridades en el proceso de vacunación nacional. También cuestionaron que la primera fase de inmunización se desarrolló sin ningún tipo de control, y que estuvieron involucrados sectores no prioritarios.
Datos oficiales correspondientes al lunes 5 de abril, difundidos por voceros gubernamentales, reportaron 1.425 nuevos contagios y 16 fallecidos, para un total acumulado de 167.548 casos y 1.678 muertes desde el inicio de la pandemia. Además, el domingo 4 de abril se llegó al récord de 1.786 contagios en un solo día. Según expertos como el exministro de Salud, José Félix Oletta, las cifras están muy por debajo de los registros realizados por organizaciones no gubernamentales. En este contexto, en un comunicado conjunto emitido este lunes, la Academia Nacional de Medicina y la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales reiteraron su llamado a acelerar la vacunación contra la COVID-19.
Afirman que una vacunación limitada y nuevas olas de contagios «son el peor escenario epidemiológico con un virus altamente transmisible”. De acuerdo con el documento, “la débil y limitada infraestructura de salud ha sido colapsada por la demanda de hospitalizaciones. Se requiere con urgencia la vacunación en Venezuela».
