A casi dos semanas que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) propusiera, mediante un plan estructurado de compra y colocación de vacunas para proteger a parte de la población de la COVID-19, todavía no ha recibido una respuesta del régimen de Nicolás Maduro.
Consultado al respecto, el ingeniero Giorgio Reni, presidente de esa institución en el estado Lara, manifestó que ante la tardanza en que se tome una decisión existe gran expectativa y sobre todo una gran preocupación, debido a que la pandemia está cobrando mayor fuerza cada día en nuestro país.
Esa propuesta estuvo muy bien sustentada, con todos los pasos a seguir, desde la compra hasta la colocación de las dosis y lo más importante es que nadie va a ganar dinero en el desarrollo de ese operativo, porque no existe ningún fin de rentabilidad.
El interés nuestro es lograr que los trabajadores del sector privado y sus familiares directos sean protegidos ante esa grave enfermedad. Y, por supuesto, que mediante esa acción se contribuya a la reactivación de la economía en beneficio del propio país.
Hasta ahora, lamentó el dirigente gremial, no hemos obtenido ninguna respuesta, seguimos a la espera y nuestro deseo es que sea positiva, porque es una manera de romper la inercia en un proceso necesario de inmunización de la población.
Es preocupante, adicionó, que nuestro país en Latinoamérica sea el último en la lista en lo que concierne a la vacunación y, por tanto, nuestro deseo es que esta situación sea corregida.
Conviene resaltar que la propuesta del sector privado está dirigida a obtener 6 millones de dosis de vacunas. Tomando en consideración que hay tipos que sólo pueden aplicarse una vez, estaríamos hablando de igual número de personas a ser inmunizadas. Pero, si se trata de las que se deben aplicar dos dosis por personas, entonces, ese número se reduciría a la mitad, es decir a tres millones de beneficiarios.
En el caso concreto de la inmunización planteada por Fedecámaras se estaría especificando al trabajador y sus familiares directos: padres, esposa e hijos.
Dentro de la propuesta existe la disposición de entregarle el 20 por ciento del total de las dosis al Ejecutivo Nacional, para que éste lo administre según su criterio, pero con la esperanza de que sea dirigido a las personas más vulnerables, en especial las de la tercera edad. Esto significa que de las seis millones de unidades, el veinte por ciento viene siendo un millón 200 mil dosis.
El plan especifica que la vacunación se desarrollará en cien clínicas y no tendría ningún costo para las personas a las que se les aplicarán las dosis necesarias.
