La situación de total desprotección en materia consular en la que se encuentran millones de venezolanos fuera del país, ha sido recogida en el más reciente estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), basado en entrevistas realizadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 en varios países de América y Europa.
El informe, titulado “Desprotegidos. Impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior”, recuerda que, a raíz de la declaración de un gobierno de transición en Venezuela el 23 de enero de 2019, se produjo una situación de ruptura de relaciones de varios Estados con el gobierno representado por Nicolás Maduro, que no se limitó al ámbito diplomático, sino que, en algunos casos, se extendió a las relaciones consulares.
Esa circunstancia ha traído como consecuencia que millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera del país y que residen en Estados que no cuentan con servicios consulares venezolanos, se enfrenten a una situación de indefensión jurídica, que también afecta a nacionales de estos Estados que residen en Venezuela.
De acuerdo con el informe, la ausencia de servicios consulares que afecta a la población venezolana fuera del país impacta negativamente el ejercicio de sus derechos, debido a las restricciones para acceder a documentos que solo pueden ser emitidos por Venezuela, así como a la imposibilidad de realizar trámites ante las autoridades de los países receptores y la ausencia de asistencia social, económica y legal en casos de emergencia.
“Actualmente nos encontramos con una situación atípica, donde hay consulados en manos de representantes de Nicolás Maduro, otros están en manos de representantes del gobierno de transición que ejercen algunas funciones consulares y en otros países con servicios consulares duales, es decir, conviven consulados con representación de Maduro y representantes del gobierno de transición, lo que incide negativamente en los derechos de los venezolanos en el exterior”, afirmó Ligia Bolívar, responsable de la investigación.
El estudio hace una revisión de la situación actual de producción de ciertos documentos por parte del Estado Venezolano. Seguidamente, se presenta información sobre la situación y tipo de servicios que ofrecen los consulados que se encuentran en manos del gobierno de Nicolás Maduro, la oferta consular de las representaciones en manos del gobierno representado por la AN electa en el año 2015 y el caso de representaciones duales.
En tercer lugar, se aborda el impacto que está generando la ausencia o limitación de servicios consulares en los derechos de la población venezolana.
Adicionalmente, se presentan las medidas adoptadas por los Estados receptores de población venezolana para paliar algunos efectos de la ausencia de documentos, para cerrar con un conjunto de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los países que están recibiendo el flujo migratorio venezolano.
“Es importante subrayar que restablecer servicios consulares no implica reconocimiento de la legitimidad de un gobierno. Son muchos los Estados que tienen diferencias en cuanto a la legitimidad política de un gobernante y, sin embargo, mantienen relaciones consulares –aunque no diplomáticas –a fin de no trasladar a los pueblos las consecuencias de las discrepancias políticas”, apunta el documento en una de sus observaciones finales.
