Este miércoles 7 de abril la organización Amnistía Internacional publicó su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo 2020/2021. En dicho documento se habla de que en Venezuela han continuado las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, y ataques a la prensa, en medio de una crisis humanitaria agravada por la pandemia.
La organización destaca en el documento que se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año y durante la crisis continuada de Derechos Humanos que ya sufría Venezuela.
«Quienes criticaban las políticas del gobierno —como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política— eran objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria», dice el informe, que además indica que Amnistía Internacional tuvo conocimiento de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
«Las fallas en la independencia judicial, limitaciones en acceso a la justicia y falta de investigación a casos graves de tortura y muerte bajo custodia están entre las preocupaciones sobre #Venezuela del Informe Anual de Amnistía Internacional», se lee en la cuenta de twitter de Amnistía.org, donde además se especifica que el informe se detiene en los juicios sin las debidas garantías, juicios a civiles en tribunales militares y en las deficiencias en el Sistema Judicial.
Sobre las detenciones arbitrarias, el informe de Amnistía Internacional indica que se utilizó la pandemia de la COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero. «Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para contener la pandemia”, indicó el informe de Amnistía Internacional», dice.
La organización registró que hubo numerosas denuncias de uso indiscriminado de la fuerza durante las operaciones de cumplimiento de la ley. “La OACNUDH señaló importantes deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio Público, e hizo hincapié en los casos de falta de independencia y de injerencia de otras autoridades públicas”, precisó el documento.
«La emergencia humanitaria continuó y se intensificó»
Las condiciones imperantes —como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos se vieron agravadas por el covid-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia, dice Amnistía Internacional en su informe que además refiere la situación respecto a la escasez de medicinas
Sobre este particular indica que se intensificó dicha escasez en medicamentos básicos que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, además de que el personal médico y de salud no dispone de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19.
“Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas. También preocupaba la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas al covid-19”, resaltó el informe de Amnistía Internacional.
