Pueblos indígenas del estado Amazonas exigieron una vez más al Estado venezolano que desaloje a las FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ocupan territorios propios de las etnias y alteran por completo la convivencia, incluso obligándolos a desplazarse de los lugares donde han vivido desde sus ancestros.
Pablo Tapo, coordinador general del Movimiento Indígena Amazonense de derechos humanos, sostuvo encuentro con José Mejía, coordinador de FundaRedes en esa región, y juntos ratificaron las denuncias que desde el año 2013 han hecho las organizaciones indígenas en relación a la presencia de grupos armados irregulares o guerrilla de origen colombiano que desarrolla numerosas actividades ilícitas en Amazonas y Bolívar, además de reclutar jóvenes y ejercer acciones violentas contra la población.
El vocero recordó que desde hace años es del conocimiento del Estado venezolano, la presencia y operatividad de los grupos armados irregulares en esta zona del país, pues han acudido a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, y a otras instancias para denunciar la ocupación de los territorios indígenas por parte de los irregulares, sin embargo, no han obtenido pronunciamientos ni acciones que permitan sacar de Venezuela a estas organizaciones terroristas.
Pablo Tapo informó que en lo últimos meses los representantes indígenas han desarrollado reuniones con los guerrilleros en diferentes municipios de Amazonas tales como Autana, sector Caño Uña, “donde se llevó a cabo un encuentro en asamblea, y se les hizo entrega de un comunicado a fin de exhortar por la vía pacífica a los irregulares a desalojar el territorio donde hemos habitado pacíficamente desde nuestros ancestros”.
Igualmente destacó que la situación se agrava aún más, por cuanto en los estados Bolívar y Amazonas, han constatado la presencia de los irregulares, municipio Atures sector El Limón de Parhueña, en el Eje Norte de Puerto Ayacucho vía Gavilán, en Autana, sector Parguaza, Atabapo, Río Negro, Maroa, Manapiare, todos estos con fuertes asentamientos de los sujetos armados pertenecientes a estos grupos criminales.
Así mismo, Pablo Tapo dijo que la denuncia ha sido elevada ante las autoridades tradicionales conocidas como los Consejos de Ancianos Indígenas, a fin de que cada representante de las etnias que hacen vida en la zona estén al tanto de la operatividad de las FARC-EP y el ELN y los riesgos que esto implica para los indígenas.
En tal sentido detalló: “estas organizaciones además de desarrollar diversas actividades ilegales, trastornan nuestra convivencia pacífica y armónica con la madre tierra. Por eso hacemos el llamado al Estado venezolano y a la comunidad internacional y exigimos la salida de ellos de nuestro territorio, ya que cada día se pone más tensa la situación ante el reclutamiento de los jóvenes, separando a las familias y obligándonos a abandonar nuestras tierras”.
Reiteró el llamado a quienes ocupan el poder a que cumplan con la Constitución y las leyes, y se garantice el resguardo de la soberanía y la protección del territorio, además del respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
