Sí el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que discutió el caso de Venezuela en su reunión en marzo, necesitaba otra prueba que demostrara que el gobierno de Nicolás Maduro viola sistemáticamente el convenio 144 relativo a la consulta tripartita, ya la tiene: la imposición del pago de salarios a través de la plataforma virtual patria sin haberlo discutido previamente con los trabajadores y sus patronos.
El 6 de marzo, el rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, alertó por Twitter que un funcionario de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) había solicitado las nóminas de las instituciones debido a que «a partir de la primera quincena de marzo los pagos de sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos se harán efectivo mediante la plataforma patria».
Esta información la confirmó cuatro días después el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, quien aseguró que la medida busca «unificar el proceso de pago de nómina» y amenazó a las autoridades universitarias con que el Ministerio no se quedará de brazos cruzados si se niegan a enviar las nóminas. «Estarían violando el derecho humano al trabajo».
De acuerdo con Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), lo que realmente es una «violación gravísima a los derechos humanos» de los trabajadores es la «modificación unilateral del contrato de trabajo sin que haya habido un acuerdo entre el patrono y el trabajador y sus representantes sindicales y gremiales». También que el jefe de las instituciones «no haya realizado un procedimiento ante el Ministerio del Trabajo y haya convocado a las organizaciones sindicales para llegar a un acuerdo en relación con esto».
Según dirigentes sindicales, el gobierno de Maduro busca una vez más aniquilar las organizaciones sindicales y los contratos colectivos, ya debilitados por la crisis económica e incumplimientos del Estado, al imponer que sea un solo ente, el sistema patria, que depende únicamente del Ejecutivo, el que pague las nóminas de todas las universidades, de entes públicos, alcaldías y del sector salud.
Ya todo el mundo está cobrando por el sistema patria», dice el sindicalista del sector salud Mauro Zambrano. «El sistema automáticamente manda el dinero al banco donde tú tienes la quincena. Lo que hicieron fue prácticamente centralizar las nóminas y vicepresidencia maneja todo. Ahora las instituciones no reciben los recursos sino que vicepresidencia paga desde allá por el sistema patria«
La presidenta de la central ASI explica que la política «unilateral e inconsulta» del Estado venezolano de traspasar el pago de las nóminas al sistema virtual patria genera grandes interrogantes y un estado de alarma sindical y gremial por muchas razones. «Nos preguntamos si se ha producido una sustitución de patrono y quién es ahora el jefe, ante quién estamos subordinados, a quién le reclamamos, qué tipo de salario están pagando, quién nos responde por los atrasos y la mora, a quién le pedimos el pago con salario integral, cómo sabemos si están pagando en función de los tabuladores, quién reconoce el pago y quién paga las cláusulas y beneficios establecidos en el contrato colectivo.
Otra interrogante que genera la medida es qué pasará con los pagos de los otros beneficios establecidos en los contratos colectivos que reciben los trabajadores universitarios y de entes públicos, como la caja de ahorro, las prestaciones sociales, las utilidades, las vacaciones, las jubilaciones y las guardias realizadas durante los fines de semana o días feriados.
«Solo se sabe del salario básico de la nómina, pero los demás beneficios quedan en el aire. No sabemos nada, hay una gran incertidumbre porque no se sabe qué pasará con el resto de los beneficios, no se sabe cómo será el pago», expresa León.
No tener a quien reclamarle
Pero buena parte de las nóminas de las instituciones no recibieron ni siquiera el salario después de que el pago de este pasara a ser responsabilidad del sistema patria a principios de marzo.Hasta el 31 de marzo, más de 1.000 trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) no habían cobrado su salario desde el 25 de febrero y a más de 8.000, incluyendo dirigentes sindicales y jubilados, no les pagaron la segunda quincena de marzo. Esto representa 66,6% de la plantilla del ente público, conformado por 12.000 empleados, aproximadamente.
Carmelo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Inces (Sintrainces), denuncia que recursos humanos del ente público ha respondido a los empleados que no cobraron en marzo que ellos mismos debían hacer el reclamo y demostrar que no les habían abonado. «Nosotros, los perjudicados, somos los que tenemos que resolver».
Pese a ser el presidente del sindicato del Inces, a Sánchez no le pagaron los aproximadamente tres millones de bolívares que cobra quincenal ni el bono de alimentación de 1.800.000 bolívares que deben depositarle el 25 de cada mes. Y el problema es peor, señala, porque no sabe exactamente a quién debe reclamarle.«Ahora yo no tengo un patrón.
No sé a quién le hago un reclamo y tampoco a quién presentarle una propuesta de la convención colectiva. Ahora lo que tengo es un patrón virtual que desconozco porque no sé a quién le pertenece la plataforma patria. Pareciera que fuese del Banco Central de Venezuela porque cuando me pagaron la primera quincena de marzo aparecía el RIF del BCV. Entonces, ahora pienso que mi jefe es el Banco Central».
El artículo 40 de la Ley del Trabajo establece que un patrono es «toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o trabajadoras». Con el traspaso de las nóminas al sistema patria, los trabajadores pasan a depender de una plataforma digital sin rostro.
«Pero, ¿quién es sistema patria? Hasta ahora un patrono virtual que no conocemos. ¿A quién le reclamo entonces?», agrega León. Trabajadores del Hospital Universitario de Maracaibo —centro de salud centinela para atender casos de covid-19— recibieron incompleto el pago de la primera quincena del mes de marzo, el día 25 de ese mes, que además se canceló con retrasos y por el sistema patria.
En este sentido, Dionis Dávila, presidente de Fenasipruv, sostiene que con la medida se pierde la relación laboral directa que tienen los trabajadores universitarios con sus autoridades debido a que aparece un nuevo patrón, digital y desconocido.
«Todo esto desvía la razón de ser de nuestras organizaciones porque al reclamar una nómina o un aumento, ¿a quién se le hace? ¿Al Estado venezolano o al sistema patria? Yo no sé qué cobré ni de dónde proviene eso. Tenemos desconocimiento de qué y cómo nos pagaron, pues ni siquiera hay un instructivo ni un poco de información«.
Más de 700 trabajadores de la Universidad de los Andes (ULA) no cobraron en marzo, entre ellos jubilados. «No es una gran cantidad de dinero lo que se recibe, pero es lo que les corresponde a muchas personas, de tal manera que esto conlleva a afectar lo que se tiene establecido en las convenciones colectivas».
Una encuesta dirigida a docentes y trabajadores universitarios, realizada el 7 de marzo de manera virtual por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), arrojó que 94% de 1.541 personas que voluntariamente participaron rechaza el pago de nóminas por el sistema patria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la pretensión del gobierno de Maduro de centralizar el pago de las nóminas de los trabajadores universitarios viola la autonomía de las casas de estudio y los derechos laborales. «La CIDH expresa preocupación por el anuncio de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, indicando que el pago de nóminas de docentes y personal de las universidades públicas será a través del sistema Patria».
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