«En Venezuela no existen condiciones mínimas para atender a personas con autismo. Han condenado a nuestros ángeles azules al peor de los silencios y abandonos», denunció la profesora y presidenta de la Alianza del Lápiz en el estado Aragua, Angela Contreras, poniendo como ejemplo de esto que actualmente no existe legislación, ni censo de casos y cada vez son menos los centros especializados para atender a esta población.
Aseverando que los últimos registros oficiales datan de 2012 y refieren una población de 200.000 personas diagnosticadas con autismo, la experta en la materia de educación especial enfatizó que la situación de estos ciudadanos se ha agravado considerablemente con la pandemia decretada en el país producto de la pandemia del COVID-19. «Vemos con preocupación como están, cada vez más, invisibilizados en el país», agregó.
Asimismo, la portavoz del partido de la educación, cuestionó que los esfuerzos por promover un Proyecto de Ley del Autismo fueron engavetados en la anterior Asamblea Nacional en el año 2016. Detalló, que al contrario, en países como Perú y España existe legislación especial para la protección de personas con el espectro autista (TEA).
Al ahondar en el tema de la atención priorizada que merecen, Contreras precisó que cada vez hay menos centros de atención especial y no hay formación para el personal docente sobre tan importante temática. Sobre este particular, puso como ejemplo que el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (Caipa) de Caracas atiende a gran parte del estado Miranda, lo que supone una enorme dificultad para que se garantice la atención de vecinos de Valles del Tuy, Guarena, Guatire o Alto Mirandinos.
«El tema de la población autista evidencia, una vez más, como la educación especial ha quedado rezagada en el país. Condenaron a nuestros muchachos al peor de los abandonos. No hay políticas reales de integración para quienes tanto pueden dar a la sociedad. En países del primer mundo el Estado lucha por incorporar a pacientes con asperger, variante del autismo, a sus empresas. En Venezuela, estos son cada vez más invisibilizados», apuntó.
Al respecto, puntualizó que para el año 2006 el país firmó el Tratado de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y hasta la fecha no se ha dado un solo paso para que las personas con diversidad de aprendizaje sean sujetos de derechos.
Asimismo, la docente planteó que esta falta de atención supone un golpe al bolsillo de los padres. Detalló que estos ciudadanos merecen una dieta especial libre de gluten, así como la atención de personal especializado que hoy solo se encuentra en el sector privado.
Ante este complicado panorama, en nombre de la tolda morada, Contreras propuso que el Legislativo debe atender con urgencia una Ley para atender la problemática de la mencionada población. Además exigió la reactivación en todos los estados del país de los Caipa, para procurar la integración e inclusión al trabajo y a la sociedad de estás personas con cierta condición. «Una vez que pasé la ola de contagios de COVID-19 deben abrirse los centros Caipa y darle acceso a estos a la mayor población posible», dijo.
En este orden de ideas, instó a los organismos del Estado a realizar un censo confiable que permita precisar la cantidad de casos de autismo en el país y garantizar su asistencia. Dijo que en la medida de lo posible, se debe avanzar en esta materia vía digital.
