La Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos que adelanta el gobierno en el país, continuó profundizándose durante el pasado mes de febrero, de acuerdo con los registros del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
En efecto, el Estado venezolano persiste en la implementación de acciones y medidas que obstaculizan la labor de defensa y acción humanitaria, y agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno; contrariando los estándares y obligaciones internacionales que devienen obligaciones de respeto, protección y garantía del derecho a defender derechos humanos.
A través de distintos mecanismos la Política de Criminalización, enmarcada en la lógica del enemigo interno y la Doctrina de la Seguridad Nacional, sigue afianzándose y las personas defensoras de derechos humanos enfrentan mayores riesgos al momento de ejercer sus actividades de promoción y protección de los derechos humanos.
Los 28 hechos registrados durante febrero se caracterizaron por:
15 – Estigmatización
06 – Intimidación y Hostigamiento
05- Judicialización
02- Ataques digitales
Defender derechos humanos en Venezuela significa enfrentarse a un entorno represivo y de control social, en el cual las restricciones al espacio cívico incluyen vulneraciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario.
La continuidad de las agresiones y la inexistencia de entornos propicios y seguros para la defensa y exigencia de derechos evidencian el afianzamiento de la lógica del Enemigo interno y de la Política de criminalización amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
El CDJ exhorta al Estado Venezolano a cesar de forma inmediata la política de criminalización. Defender derechos humanos y realizar acción humanitaria no son delitos.
