Un juez en Estados Unidos sentenció el martes a Tony Hernández, un hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a cadena perpetua más 30 años por crímenes de narcotráfico.
El juez Kevin Castel emitió su sentencia en un tribunal de Nueva York un año y medio después del juicio, que captó la atención de los medios de comunicación, porque los fiscales mencionaron repetidamente al presidente durante ese proceso, acusándolo de aceptar sobornos por parte de traficantes de drogas.
Tras escuchar su sentencia, Tony Hernández, vestido en uniforme azul oscuro de preso, parecía pálido. Se tocaba las manos sobre la mesa y mantenía la mirada baja.
“¡Delincuente! ¡Al igual que tu hermano!”, gritó un miembro del público mientras Hernández salía de la sala.
Antes de dar su sentencia, el juez Castel describio a Tony Hernández como alguien que podría haber seguido un buen camino como abogado y congresista. Sin embargo, dijo el juez, se dedicó a traficar droga junto a otros y a aceptar sobornos.
“Esto es, de hecho, tráfico de drogas promovido por el estado”, dijo el juez.
Antes de la sentencia Hernández se quejó de su abogado, diciéndole al juez que este no le prestó atención y casi no se reunieron en persona para hablar de su caso.
“Fue por las noticias que me enteré que mi sentencia era este día”, aseguró.
Las acusaciones contra el mandatario hondureño han sido un dolor de cabeza para el gobierno del país centroamericano desde entonces: han proseguido a lo largo de los meses en documentos judiciales y se volvieron a repetir en otro juicio reciente a un supuesto narcotraficante llamado Geovanny Fuentes Ramírez.
El presidente Hernández y la Casa Presidencial de Honduras han usado Twitter para desmentir las acusaciones una y otra vez y llevaron a cabo una rueda de prensa la semana pasada. El mandatario asegura que las acusaciones son mentiras por parte de narcotraficantes y asesinos que quieren reducir sus sentencias. Hernández no enfrenta cargos, pero ha sido calificado como “co-conspirador” en el caso de su hermano.
De momento la administración del presidente estadounidense Joe Biden se ha limitado a decir desde Washington que cualquier acusación de actividad criminal es considerada como algo muy serio, pero no ha expresado mucho más sobre el caso. Un vocero del Departamento de Estado que no está autorizado a dar su nombre debido a políticas internas dijo a la AP que Estados Unidos trabaja con el gobierno de Honduras, la sociedad civil y sector privado para crear un mejor futuro para el pueblo hondureño.
Las acusaciones de los fiscales, sin embargo, han tenido consecuencias.
Un grupo de senadores presentó recientemente un proyecto de ley que busca aislar al presidente Hernández. El proyecto de ley pide a Biden que imponga sanciones contra Hernández y determine si es un “traficante de narcóticos especialmente designado”, lo que significaría que sus bienes podrían quedar congelados y se le prohibiría la entrada a Estados Unidos.
Según los fiscales, Hernández recibió varios pagos de narcotraficantes a cambio de garantizarles la protección del gobierno hondureño. El dinero, dicen los fiscales, servía para financiar campañas electorales y comprar votos de políticos del Partido Nacional para ayudar así al presidente y otros.
Un ex narcotraficante que testificó en el juicio a Tony Hernández aseguró que el presidente recibió un pago de un millón de dólares por parte del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. El supuesto pago se hizo en 2013 a través de Tony Hernández, dijeron. Ese año Hernández era candidato a la presidencia.
Peter Brill, abogado de Tony Hernández, dijo la semana pasada que las acusaciones de Estados Unidos contra su cliente por narcotráfico son un claro intento de implicar al mandatario e intervenir en Honduras para cambiar el gobierno del país centroamericano. Brill dijo que al arrestar y acusar al hermano del presidente en un claro intento de implicar al mandatario, Estados Unidos intentó violar “la soberanía” de Honduras.
“Este caso es otro en una larga fila de desventuras de intervención en política exterior llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos, esta vez para cambiar un régimen a los niveles más altos en Honduras”, escribió Brill.
Los fiscales del caso pidieron cadena perpetua para Tony Hernández por dirigir “una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado” junto con el presidente Hernández. También quieren que Tony Hernández devuelva 138,5 millones de dólares de “dinero de sangre” producto de sus operaciones de narcotráfico, y pague una multa adicional por 10 millones de dólares.
