“Nosotros salimos porque como a una cuadra de mi casa explotaron unos artefactos. Nos dio miedo porque tengo una nieta de un añito… La mayoría de la población se está viniendo porque hay mucho maltrato”, dijo a The Associated Press Gladys Rojas, de 49 años, una de las 3.200 personas que huyeron de sus casas en Venezuela por los enfrentamientos en el estado de Apure entre militares venezolanos y un grupo armado ilegal colombiano.
“Hay mucho gobierno venezolano y le tenemos miedo, porque a veces maltrata demasiado fuerte al civil, entonces nosotros no vamos a pagar por las demás personas. Las fuerzas aéreas están bombardeando las veredas”, añadió Rojas, quien cruzó hace cuatro días el caudaloso río Arauca de aproximadamente 300 metros de largo para buscar resguardo en tierra colombiana.
Los enfrentamientos iniciaron en el lado venezolano en el municipio José Antonio Páez según informó el gobierno venezolano el lunes, sin precisar a cuál grupo irregular está combatiendo. Sin embargo, Human Rights Watch (HRW) dijo a la AP que se trata del Frente 10 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Hemos recibido denuncias creíbles de abusos por parte de las fuerzas de seguridad venezolana en contra de la población en Apure, incluyendo allanamientos violentos y sin orden judicial, posibles detenciones arbitrarias y hurtos de bienes de la población”, aseguró a la AP José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
Marta Orozco, una venezolana de 38 años, le dijo a AP que salió huyendo de su casa en Apure porque estaban “saqueando” sus hogares. “El que se está metiendo es el gobierno. Está saqueando y golpeando a la gente… el gobierno de Venezuela. Está todo eso junto: la guardia, toda esa gente… primera vez en la vida que estamos así huyendo de nuestra propia casa, dejando nuestras cosas”, relató.
En Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó el jueves en un comunicado los hechos de violencia registrados en territorio venezolano, limítrofe con Colombia, y advirtió que Venezuela no permitirá que “grupos armados delincuenciales” del vecino país atenten en contra de su país. El documento agregaba que esos hechos “son resultado del conflicto armado interno que Colombia no ha sabido responder, causando daños bilaterales”.
“Bajo el gobierno de Iván Duque, Colombia abandonó el camino de la paz y delegó sus fronteras a grupos mafiosos que las han convertido en un corredor criminal”, añadió.
Por su parte, el ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, indicó que grupos armados de Colombia atacaron la noche del martes las instalaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ubicada en el poblado de la Victoria del estado Apure. En la víspera, mediante Twitter, Ñáñez señaló que los ataques son “una triste evidencia de la guerra que quieren imponernos” desde Colombia. “¡Basta! Ningún grupo armado es bienvenido aquí. Que se vayan y nos dejen en paz””, agregó sin dar detalles.
Tanto HRW como el Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) confirmaron el jueves que han recibido reportes que indican que los combates en Venezuela continúan. “Se nos ha informado que las familias siguen huyendo a través de la frontera en busca de seguridad, ya que la violencia en la zona no ha cesado por completo. Las personas con las que hemos hablado están aterrorizadas y temen por sus vidas”, dijo a través de un comunicado el jueves Dominika Arseniuk, directora del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Colombia.
En el municipio colombiano de Arauquita, Colombia, donde se han refugiado las personas desplazadas, viven una crisis humanitaria, según han declarado las autoridades locales y nacionales, quienes han dispuesto ocho albergues para la población desplazada, entre los que se encuentran 858 menores de edad y 223 miembros de la comunidad indígena binacional Sikuani, según la Defensoría del Pueblo en su reporte del 24 de marzo.
En el Centro de Integración Ciudadana Riberas del Arauca, uno de los principales centros de acopio, hay aproximadamente 400 personas. Aunque están bajo techo y hay 13 carpas, algunas familias han tenido que acomodarse en pequeños colchones sobre el suelo y en la gradería del lugar, que normalmente sirve para eventos deportivos.
El gobierno colombiano reforzó la presencia militar en la frontera con Venezuela en la zona de Arauca desde el miércoles con cerca de 2.000 soldados, según el Ministerio de Defensa.
El general Mauricio José Zabala, comandante de la Octava División del Ejército, aseguró que se reforzarán los controles en la frontera para “garantizar” la seguridad de la población civil que se desplaza y para evitar el paso de actores armados. “Verificar, con esos controles, que dentro de esa población no se vayan a mezclar integrantes de los GAO (Grupos Armados Organizados) residuales que están siendo atacados en el territorio venezolano”, señaló en una comunicación oficial el jueves.
