La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela para que abandonen de manera definitiva el juzgamiento de civiles en tribunales penales militares, luego de una sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avaló el uso de esta jurisdicción en supuesta infracciones militares cometidas por la población.
Desde la perspectiva de la CIDH, esta decisión “no responde al carácter absoluto que pesa sobre la prohibición de juzgar civiles ante la jurisdicción penal militar“.
Cabe destacar que, según reseñó Tal Cual, la información aportada por las organizaciones, desde el 1ero de enero del 2014 hasta la fecha, al menos 870 civiles habrían sido presentados ante la jurisdicción militar.
Se precisó que de las personas nombradas, al menos 19 continúan privadas de libertad. Incluso, a mediados del año 2020 se destacó el caso del líder sindical Rubén González, a quien una Corte Marcial de Caracas le confirmó una condena de cinco años y nueve meses, que había sido impuesta por el Tribunal Militar Quinto de Juicio del estado Monagas.
Basándose en estas irregularidades, la CIDH sugirió al Estado venezolano para que adopte las medidas correspondientes, incluyendo las de índole legislativa, “para adecuar su ordenamiento interno, así como reconducir ante la jurisdicción ordinaria todas las causas judiciales que no debieron ser conocidas por la jurisdicción penal militar en primer lugar”.
