Este martes 23 de marzo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador llevó a la Fiscalía un informe sobre presuntas violaciones de los derechos de la ciudadanía cometidos por el gobierno de Lenín Moreno durante las protestas de 2019, cuando estos emitieron un decreto para incrementar los precios del combustible.
La comisión de la Defensoría encargada del caso, señaló que hubo 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 3 casos de violencia sexual y 20 lesiones oculares.
“Esta denuncia (…) en contra del presidente de la República (Lenín Moreno), de la exministra de Gobierno (María Paula Romo) y del actual ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín), quienes están siendo determinados y se tendrá que establecer su responsabilidad en cuanto a este delito de lesa humanidad, de un ataque generalizado contra la población civil”, expresó el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Aunado a esto, Carrión pidió a la Fiscalía que se inicie la debida investigación previa y se emita una medida cautelar que prohíba la salida del país de los denunciados, puesto que el Gobierno de turno está a poco de dejar el poder.
