Juan Martínez tomó el vuelo que lo llevaría a Venezuela justo el día en que el gobierno de Nicolás Maduro anunció el pago obligatorio de la prueba de la COVID-19 a todos los viajeros que aterricen en el aeropuerto de Maiquetía.
Aunque llevaba consigo el documento de la PCR realizada el primero de marzo en Madrid, 48 horas antes de montarse en el avión de Turkish Airlines, decidió rellenar un formulario en la web de un laboratorio llamado CasaLab 2020 con su número telefónico, identificación fiscal, pasaporte y dirección en Caracas.
De inmediato, recibió un correo electrónico con un código QR con todos sus datos. Una ruta de interrogantes acababa de empezar. Apenas aterrizó en Venezuela, un batallón de funcionarios uniformados con trajes blancos de bioseguridad pidieron a los viajeros aglomerados que les entregasen el certificado de las PCR realizadas antes del viaje.
Por tener a mano el código biométrico de la desconocida CasaLab, a Martínez le dejaron pasar delante de la fila mientras el resto de los compañeros de vuelo trataban de obtener a duras penas el QR con la señal de wifi del aeropuerto. Pero no, la suerte no estaba de su lado. Como tampoco de las decenas de pasajeros que se amotinaron aquel 3 de marzo en el aeropuerto de Maiquetía, negándose a pagar las nuevas pruebas en dólares.
Funcionarios forrados de blanco le advirtieron a Martínez que tenía que pagar 60 dólares para entrar al país. «No tienes ningún papel de Covid porque ya nos lo diste. Debes hacerte una nueva PCR». De nada sirvió mostrarle la copia digital que conservaba en su celular.
No le quedó más remedio que pagar el trámite con billetes verdes. Después de pasar por un pasillo con rociador desinfectante y restregarse gel alcoholado en las manos, se encontró con una decena de señoras con guantes y mascarillas sentadas frente a mesitas cual laboratorio improvisado.
Su sorpresa no pudo ser mayor cuando le hicieron el test: la enfermera sólo le introdujo el hisopo sanitario por uno de los orificios de la nariz. Martínez le reclamó con propiedad que el examen no era el correcto, estaba incompleto y que además tenía que explorar su garganta.
Martínez le reclamó con propiedad que el examen no era el correcto, estaba incompleto y que además tenía que explorar su garganta. La funcionaria extrañada, desconocía el procedimiento. Al exigir los resultados, le informaron que tenía que esperar: «se lo enviarán por correo». Diez días después, seguía sin recibir el diagnóstico ni llamadas de monitoreo. Siente que el robo fue consumado.
Entretanto, nada le ha impedido hacer su vida normal en Caracas; no ha recibido ninguna prescripción de mantenerse en aislamiento por parte de alguna autoridad sanitaria. De haber sido un agente de contagio del covid-19, habría puesto en riesgo a muchas personas con las que estuvo en contacto desde el día en que aterrizó en Venezuela.
Dos semanas después de comenzar sus operaciones, el caos sigue reinando. El embajador del Reino Unido en Venezuela, Duncan Hill, compartió su experiencia tras la llegada de su vuelo a Maiquetía. Hill contó en su cuenta de Twitter que si bien le entregaron el resultado rápidamente, le preocupó la poca distancia social que mantuvieron los pasajeros mientras esperaron por dos horas a que les hicieran la prueba.
Recién nacido enmantillado
El operativo de despistaje covid-19 montado en el aeropuerto de Maiquetía que cobró $60 al pasajero Martínez está a cargo del laboratorio clínico CasaLab 2020 C.A., el mismo que el primero de marzo fue anunciado por las aerolíneas comerciales Láser Airlines, Avior y Estelar como el único autorizado por el Ejecutivo nacional para realizar las pruebas de PCR.
La reacción en cadena de la polimerasa es el método de diagnóstico para confirmar la presencia del coronavirus que causa el covid-19 en la sangre, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Un día después, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), emitió un comunicado escueto en el que confirmó el cobro y la obligatoriedad del estudio clínico sin mencionar el laboratorio ni el monto a cancelar.
De primer momento, la curiosidad se centró en CasaLab 2020 C.A., nombre completamente desconocido para el gremio de bioanalistas. La poca información disponible sobre este laboratorio clínico obedece a una cuestión de tiempo: fue creado 21 días antes de entrar en funcionamiento. La empresa, autorizada por el Ministerio de Salud, fue inscrita en el Registro Mercantil de Caracas el 10 de febrero de 2021 y comenzó a prestar servicio el 3 de marzo.
Es decir, sus accionistas culminaron los trámites de constitución y registro de la empresa en menos de un mes (unos 20 días) previo a su instalación en el aeropuerto de Maiquetía.
En el expediente de la compañía, identificado con los números 221-89807, figuran como accionistas del laboratorio una bioanalista, un joven con nacionalidad venezolana de ascendencia china y un empleado del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci).
La sociedad mercantil sentó sus bases con un capital de apenas 6.000.000 de bolívares; menos de tres dólares, calculados al tipo de cambio oficial que marca el Banco Central de Venezuela (BCV). Su razón social no solo abarca actividades de laboratorio y análisis clínicos, sino también la exportación, importación, comercialización, distribución y manufactura de insumos médicos.
En los pendones de la empresa, dispuestos en las instalaciones del Aeropuerto de Maiquetía, se lee que la sede principal se ubica en la conocida Torre de Seguros La Previsora, ubicada en Plaza Venezuela, en Caracas, pero en los documentos de creación de la empresa se indica que se encuentra, en cambio, en la oficina 2D del piso 2 de la Torre Atlantic de la urbanización El Rosal, en el municipio Chacao del estado Miranda.
El equipo reporteril se acercó a la Torre Atlantic y, en el lugar, el vigilante manifestó que en el piso 2 no había ningún laboratorio clínico. Una búsqueda en la web permite corroborar que en la oficina 2D opera una compañía de nombre JDA Asesores de Seguros, pero el integrante de seguridad también negó que allí funcione una corredora seguros. Con una llamada al número de JDA Asesores de Seguros, que pusieron en su página de Facebook, se supo que esta compañía aún operaba en El Rosal. Pero al consultar si el laboratorio clínico estaba en la oficina 2D, la persona que atendió trancó el teléfono.
Fuentes consultadas en Maiquetía señalaron que en el terminal aéreo no se procesan las muestras de los pasajeros que llegan al país, sino que son trasladadas al laboratorio de La Previsora para su estudio y análisis.
Por esa razón, aseguró una de las declarantes, el resultado de la prueba tarda en ser entregado.Indicó que se planteó entre las autoridades, que a los viajeros que afirmaran no tener dinero para pagar la prueba, se les trasladara al Hotel Sanitario La Guaira, ubicado en el sector La Llanada en Camurí Chico, donde pasarán 14 días aislados.
Indicó que se planteó entre las autoridades, que a los viajeros que afirmaran no tener dinero para pagar la prueba, se les trasladara al Hotel Sanitario La Guaira, ubicado en el sector La Llanada en Camurí Chico, donde pasarán 14 días aislados.
La información del nuevo laboratorio clínico en internet es escasa por no decir inexistente. No cuenta con una página web que ofrezca más datos sobre sus servicios y, únicamente, tiene habilitado un site donde los viajeros inscriben sus datos para obtener el código QR o «pase de salud», como se le denominó, para realizarse la prueba molecular. La cuenta en Twitter fue abierta en marzo y, hasta ahora, han ofrecido detalles sobre números telefónicos tanto de la sede de Maiquetía como de Caracas.
Se sabe, por la visita que hizo el equipo reporteril a las instalaciones del centro en La Previsora, que el laboratorio solo se encargaría de hacer pruebas PCR para la confirmación de covid-19 y no practicaría otros exámenes médicos de rutina como perfil 20. «Si desea hacerse otro examen, cerca de aquí hay otro laboratorio. Aquí solo es PCR», indicó el encargado de seguridad.
Hay más elementos que despiertan dudas sobre el centro de bioanálisis. El RIF (Registro de Información Fiscal) del laboratorio, por ejemplo, no está visible en los pendones del aeropuerto ni en los vinilos decorativos que forran las paredes de cristal de la sede principal en la Previsora. Tampoco se muestra en el logo, diseñado con una cadena de ADN, el nombre completo de la empresa con el que fue inscrita en el Registro Mercantil y, en cambio, solo se lee «Casalab», que es igual al de otro laboratorio con más trayectoria.
Los afiches que pusieron estaban recién impresos y ninguno tiene la información fiscal del RIF, como dice la ley. Aquí a los locales de comida de los concesionarios, les impiden quitar la bolsa negra del aviso si no tienen todo registrado, pero con ellos no ha sido así. El mismo día que empezaban a trabajar —el 3 de marzo—, trajeron el equipo. No tienen ni recibos impresos. Todo es muy informal», señaló una fuente de la Dirección de Comercialización del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con la condición de reservar su identidad por temor a represalias.
La omisión del nombre completo del laboratorio generó confusión en las personas e incluso obligó a los dueños del Laboratorio Casalab, que también tiene otras dos compañías llamadas Inversiones Casalab y Comercializadora Casalab, a emitir un comunicado para participar a la ciudadanía que no realizan pruebas de PCR ni cuentan con sucursales autorizadas para practicar estos estudios.
Lo ocurrido con la sorpresiva autorización de CasaLab 2020 C.A. es una muestra más de la preocupación que embarga al gremio de bioanalistas del país desde hace dos meses. La directiva del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital solicitó el pasado 28 de enero, en un comunicado, al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, adscrito al Ministerio de Salud, manejar con transparencia las autorizaciones a instituciones públicas y privadas para el procesamiento y análisis de las pruebas moleculares y de detección rápida de antígeno. La petición pública del gremio obedece a la inexistencia de una resolución del Ministerio de Salud que establezca claramente los criterios para la comercialización, distribución y compras de pruebas diagnósticas para detectar el covid-19.
Desde que la epidemia llegó a Venezuela, el gobierno de Maduro centralizó el procesamiento de pruebas moleculares únicamente en el instituto de higiene. Ante las críticas por la poca capacidad diagnóstica y, por consiguiente, el subregistro de casos sin confirmación de la enfermedad, el Ejecutivo permitió que seis laboratorios más procesaran muestras y, seguidamente, aprobó a clínicas y centros de bioanálisis privados para realizar los estudios con la obligación de que los resultados deben ser notificados al Ministerio de Salud.
El pasado mes de diciembre, el gobierno implementó un servicio para la realización de pruebas de PCR para viajeros una vez que autorizara la reanudación de los vuelos a raíz de la flexibilización de la medida de confinamiento masivo. Los pasajeros debían hacerse el estudio y pagarlo en la sede del Instituto Nacional de Higiene. El costo a cancelar estaba anclado a la moneda digital petro y equivalía a más de 80 dólares.
Un laboratorio bajo el microscopio
Ernestina Esther Marulanda, venezolana de 48 años de edad, es la única de los tres accionistas cuya profesión tiene relación con la actividad económica de la empresa, ya que es bioanalista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
De acuerdo con su ficha del Seguro Social, Marulanda trabajó hasta marzo de 2019 en una empresa llamada Ingeservice 2020 C.A., dedicada a realizar instalaciones mecánicas y eléctricas, empleo que nada tiene que ver con su profesión.
Las huellas digitales de Marulanda revelan que la bioanalista, quien se presenta como Tina en su perfil de Instagram, tiene conocimientos de estética. Su perfil de Facebook deja ver que la licenciada es oriunda de Maracaibo, aunque los registros del CNE revelan que está registrada para votar en el municipio Marcano del estado Nueva Esparta.
Fuentes del gremio de bioanalistas de Vargas, Miranda y Distrito Capital, coinciden en que los especialistas en pruebas moleculares en el país son muy pocos y que justamente por eso se conocen entre sí.
Algunos de sus colegas manifestaron que era extraño que Marulanda tuviera la responsabilidad de dirigir un laboratorio encargado de realizar pruebas tan delicadas, siendo que su carrera profesional ha girado en torno al tema cosmético, específicamente a la colocación de plasma rico en plaquetas.
«Realmente, que su nombre se relacionara con esto de las pruebas PCR sorprendió a muchos. Tina tiene mucho tiempo dedicada al tema de la biología cosmética y tenía una clientela importante», refiere una bioanalista que conoce a Marulanda desde que estudiaba en la UCV.
La misma fuente dijo que la bioanalista maneja un bajo perfil desde hace unos cuatro años, cuando prácticamente desapareció de las redes sociales y su ejercicio profesional se hizo mucho más exclusivo.
El segundo accionista de CasaLab 2020, Antonio Zou Wu, no tiene identidad digital pública. Con cédula de identidad venezolana, no cotiza en el seguro social ni está presente en redes sociales salvo en Twitter, cuya cuenta no actualiza desde 2013. Fue posible identificar que, junto con Vanessa Zou Wu, son dueños de una empresa llamada Corporación Andrómeda 88, C.A. con sede en las Residencias Acosta Ferro III, ubicada entre las esquinas de Pepe Alemán a Cochera del municipio Libertador, en Caracas según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Los vecinos de la populosa parroquia San Juan en el centro de Caracas aseguraron desconocer la existencia de alguna corporación dentro del edificio Acosta Ferro III recalcando su exclusivo «uso residencial».
También descartaron el funcionamiento de algún laboratorio de pruebas anti covid-19 en alguno de sus apartamentos. Todos los consultados afirmaron esquivos que allí no vivía ni trabajaba Antonio Zou Wu y que a Vanessa se le veía muy poco por el lugar, «sólo dos o tres veces por semana».
Según el Registro Electoral, tanto Antonio como Vanessa Zou Wu votan en el Instituto Nacional de Nutrición, sector Quinta Crespo de Caracas, a pocas cuadras de la dirección de la sede de la Corporación Andrómeda 88 de la cual son propietarios en igual proporción accionaria.
Corporación Andrómeda 88, C.A. fue registrada en 2015 para desempeñar a una variopinta cantidad de objetivos entre los que no figura la biomedicina. Clasificada como proveedora – distribuidora, está habilitada para contratar con el Estado venezolano.
Clasificada como proveedora – distribuidora, está habilitada para contratar con el Estado venezolano. Según consta en su ficha del RNC (Registro Nacional de Contratistas), el objeto social de la empresa es la «compra, venta, importación y la explotación comercial en todo lo concerniente al área de equipos de construcción y ferretería, productos de limpieza, papelería». También a la comercialización de «productos y mobiliario de oficina, material médico y quirúrgico, y productos de computación».
Pero la lista de capacidades de la compañía no se queda allí. Haciendo honor al nombre de la diosa griega que «puede con todo», también se dedica al diseño y confección de uniformes corporativos, deportivos y uniformes en general para personal de oficina y aseadores, uniformes para obreros y personal ejecutivo. Prendas de vestir para damas, caballeros y niños y accesorios tales como calzado, sombreros, gorras, cinturones y bisutería.
Vanessa Zou Wu, socia de Antonio Zou Wu, tampoco tiene aparente conexión con el ramo de la salud. La mujer de 34 años trabaja desde 2018 en la Comercializadora de Equipos Comerciales Comerquip 33, una empresa que ganó un contrato por 22.962,73 de euros para realizar una obras de suministro e instalación de un sistema de generación eléctrica en el Consulado General de España en Caracas.
Además de visitar la supuesta sede de Corporación Andrómeda 88 en Caracas, se intentó contactar a los accionistas de esta empresa mediante el número telefónico que aparece en la planilla del RNC pero una grabadora de Cantv indicó que esa línea «no se encontraba asignada a ningún usuario». Tampoco se obtuvo alguna respuesta vía correo electrónico.
Carlos Andrés Pérez Escalona, de 53 años de edad y residenciado en Caucaguita en el estado Miranda, es el tercer accionista de CasaLab 2020 C.A. Desde abril de 2018 es empleado de la televisora estatal Venezolana de Televisión. Se desconoce el cargo que desempeña Pérez Escalona en el canal y también la acreditación profesional que lo lleva a formar parte de la directiva de un laboratorio encargado de pruebas moleculares.
El equipo reporteril envió una carta de solicitud de entrevista dirigida a la directora general del Casalab 2020 C.A, Ernestina Marulanda, el 10 de marzo de 2021. La comunicación fue entregada en la sede principal del laboratorio, ubicada en la torre La Previsora. Pero, hasta la fecha, no ha sido respondida.
Personal del aeropuerto confirmó que desde el 3 de marzo CasaLab 2020 C.A. ha continuado aplicando las pruebas covid-19 a los vuelos comerciales que aterrizan en Maiquetía pese a los reclamos de los pasajeros. También sigue cobrando $60 en efectivo por cada PCR. Es posible tener un monto aproximado de lo que recaudaría este laboratorio en un solo vuelo: la ruta Estambul Caracas de Turkish Airlines es realizada por un Boeing 787-9 con capacidad de 290 puestos. Si se ocupa la mitad de las butacas, se facturarían unos 8.700 dólares en pruebas covid-19 por avión.
Ninguna autoridad parece dar explicación a lo que ha sido percibido como una arbitrariedad. La diligencia inesperada que deben cumplir obligatoriamente los pasajeros por razones sanitarias, con miras a mantener el control de coronavirus que mutó a otra variante que ahora circula en territorio nacional, ha propiciado más malestar que beneficios.
Uno lo que quiere es que le den una razón científica para mandar a hacer esa prueba», cuestiona Leonardo, quien aterrizó en el país el 8 de marzo. «Si uno llega al país con una PCR realizada casi dos días antes ¿Por qué hacerte otra bajando del avión?.
Mariela, al igual que Leonardo, coincide en la inconformidad y en la idea de la improvisación que caracteriza el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Tras 48 horas, ella aún no sabía el resultado de su prueba. No recibió mensajes, ni correo, ni en redes sociales consiguió pistas. Se siente estafada. «Lo menos que puedo pensar es que es un laboratorio pirata», remarcó.
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