Cepaz: Un total de 48 actos de persecución y criminalización documentados en el mes de febrero #17Mar

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Al menos 48 actos de persecución y criminalización contra personas que ejerciendo sus derechos han sido víctimas de amenazas, detenciones arbitrarias, ataques violentos, censuras e inhabilitaciones, ha registrado durante el mes de febrero de 2021 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz)

De acuerdo con  la información, este monitoreo constituye un compendio del trabajo de investigación que desde Cepaz se realiza a través de la recopilación de publicaciones compartidas por las fuentes de información digital nacionales e internacionales, y denuncias que llegan directamente a nuestro portal de denuncias. El monitoreo comprende desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 28 de febrero de 2021.

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Aumenta la censura

De destaca que en total, 14 trabajadores de la prensa fueron víctimas de la censura, en el mes de febrero, al menos 9 periodistas fueron amenazados e intimidados, 2 periodistas fueron víctimas de detenciones arbitrarias en el ejercicio de su trabajo. Asimismo, en el mes de febrero se cierra otra ventana de información en el país con una emisora de radio que ha salido del aire por motivos políticos, mientras que otra ha sido atacada mediante actos violentos y una página web ha sido bloqueada.

Persecución a opositores políticos

Mientras que 33 dirigentes políticos han sido perseguidos. A través de la Contraloría General de la República quedaron inhabilitados para asumir cargos públicos en los próximos 15 años 28 diputados de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, ocurrió un acto violento contra un dirigente político quien, en otro contexto, también fue amenazado. Las amenazas e intimidaciones incluso alcanzan a personeros políticos que en el pasado habían formado parte de la gestión oficialista.

Asimismo, 3 dirigentes políticos fueron víctimas de detenciones por fuerzas de seguridad del Estado, uno de ellos, a la fecha de publicación del presente monitoreo, aún se encuentra detenido e incomunicado.

OSC hostigadas por cumplir con sus mandatos

Por último, el director de una organización no gubernamental fue detenido por razones políticas, mientras ejercía sus labores de protección de los derechos de los animales en cumplimiento del mandato de la organización a la cual representa.

Entre tanto, si bien los cinco miembros del equipo de la organización de carácter humanitario Azul positivo, quienes se encontraban injustamente detenidos, fueron liberados durante el mes de febrero, aún no cuentan con libertad plena pues se encuentran bajo un régimen sustitutivo de libertad y por tanto deben presentarse cada 30 días ante el tribunal.

Mujeres víctimas

En resumen, en febrero del año 2021 en Venezuela ocurrieron 10 actos de amenaza, 1 bloqueo a una página web, 1 cierre de emisora de radio, 6 detenciones arbitrarias, 28 inhabilitaciones al ejercicio de cargos públicos y 2 ataques violentos. En la aplicación de estos patrones de persecución y criminalización por parte del régimen al menos 4 mujeres fueron víctimas de la violación de sus derechos humanos.

Consideraciones finales

Desde Cepaz revelan que el registro de casos presentados no constituye necesariamente la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de febrero. La metodología del monitoreo comprende la documentación de casos que por la forma sistemática como se desarrollan nos permiten identificarlos como una política de Estado basada en la aplicación patrones de persecución y criminalización, que si bien afecta de forma diferenciada y en diferentes contextos a cada sujeto, los mismos se encuentran enmarcados en los distintos patrones que hemos venido documentando desde el año 2014.

Advierten que a propósito de la celebración del 46° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), insistimos en la necesidad de que los mecanismos de seguimiento activos para Venezuela sean contundentes en sus planteamientos y exigencias. Por su parte, resaltamos la importancia y necesidad de abrirle las puertas a los procedimientos de la ONU para que constaten de propia mano las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurren en Venezuela bajo la aplicación de patrones de represión, persecución política y criminalización.

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