El informe sobre sobre el asesinato de la privada de libertad Daniela Geraldine Figueredo Salazar, de 19 años de edad, en los calabozos de la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda, a manos de un funcionario de seguridad de ese organismo y paralelamente, será remitido junto a comunicaciones sobre el caso a la Alta Comisionada DDHH de la ONU y la relatora para las personas detenidas de la Comisión Interamericanas de los DD.HH para que se haga justicia.
La información la dio a conocer el diputado Williams Dávila, presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, instancia que se ha encargado de elaborar el informe en referencia.
Durante la sesión de la Comisión Delegada de la legítima Asamblea Nacional, el parlamentario señaló que en Venezuela no existe una política carcelaria y denunció que la exministra madurista Iris Varela destruyó por completo el sistema correccional a través de medidas arbitrarias.
“Son situaciones graves que ponen en evidencia a un sistema un sistema político de podredumbre en Venezuela, en donde cualquier persona con uniforme o un arma, se considera superior a un ciudadano. Han creado la cultura de la violencia, el lenguaje del odio y sobre todo, pisotear la condición de ciudadano por una supuesta jerarquía de funcionarios de las Fuerzas Armadas, que se creen superiores al ciudadano común. No lo podemos aceptar”, precisó.
Dávila denunció que este hecho refleja la recurrente política hostigamiento y de violencia contra la mujer, por parte de la dictadura y aseveró que el Estado venezolano está en la obligación de garantizar la protección y seguridad de la población reclusa.
Mientras que la diputada Marianela Fernández, condenó el asesinato de la presa Daniela Geraldine Figueredo Salazar, quien recibió un impacto de bala en la cara, en el momento que un funcionario de PoliZamora, la obligaba a mantener relaciones sexuales. En consecuencia, propuso designar una comisión parlamentaria para iniciar las investigaciones exhaustivas sobre el caso para que sea agregado a las nuevas actualizaciones de informes de DD.HH de la ONU con respecto a Venezuela.
Por su parte, la parlamentaria Yajaira Castro, repudió y calificó de “innegable el descontrol” que existen en los cuerpos policiales, la falta de ética profesional, disciplina, supervisión y control de los superiores, a lo cual se preguntó: “¿Qué hacia un funcionario policial armado en los calabozos de las mujeres detenidas?, cuando esto está totalmente prohibido; ¿Dónde están los superiores de estos policías que permiten que estos hechos ocurrieran?”.
La diputada Deyalitza Aray, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, denunció que los privados de libertad mujeres y hombres, están sometidos “a una suerte de venganza social, pues mueren de hambre, mengua y enfermedad”; que refleja una flagrante violación a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y así como también, el derecho fundamental a la vida.
Entre tanto, el diputado Gilber Caro, pidió abrir una investigación a la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda “para que aclare la situación” y exigió respeto a todos los privados de libertad.
Por último, el diputado Richard Blanco, culpó a Nicolás Maduro de la crisis multidimensional que existe en el país, la cual afecta al sistema penitenciario, y sugirió tomar en cuenta las recomendaciones, y la implementación de políticas públicas plasmadas en un informe de 400 folios sobre los centros de reclusión del país, que entregó cuando estuvo al frente de la Comisión de Cultos de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional.
