Desde una celda policial en La Paz, la expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez pidió a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europa enviar misiones para evaluar lo que calificó como una «ilegal aprehensión» en su contra y de dos exministros tras ser acusados de sedición y terrorismo durante la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
En una carta que envió a la OEA y a la UE, Áñez calificó su aprehensión y la de sus ex colaboradores como una “persecución política aberrante” y exigió un “debido proceso”. En tanto, la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para las Derechos Humanos solicitó a las autoridades judiciales un proceso “justo, independiente e imparcial”.
Detenida la madrugada del sábado en Trinidad, al noreste de Bolivia, Áñez aguardaba el sábado en celdas comunes para ser llevada ante un juez de medidas cautelares que podría otorgarle arresto domiciliario o enviarla a un penal en forma preventiva mientras avanzan las investigaciones.
“Esto es un atropello, como exmandataria tengo derecho a un juicio de responsabilidades. No hubo golpe de Estado sino una sucesión constitucional. Yo asumí la presidencia por las renuncias que hubo”, declaró a la prensa.
Dos de sus exministros también fueron detenidos y la policía buscaba el sábado a otros colaboradores de la exmandataria conservadora.
“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
