La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez calificó de ilegal su aprehensión en la madrugada del sábado con base en una demanda de sedición y terrorismo que investiga la Fiscalía en relación con la crisis política de 2019, que precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
“Ha sido una aprehensión ilegal sin previa citación”, declaró brevemente la política conservadora a la televisora Unitel tras descender del avión que la trasladó desde Trinidad , su ciudad natal en el noreste del país, a La Paz, para ser llevada a una audiencia judicial. Estaba flanqueada por el ministro de Gobierno, Álvaro del Castillo, y por el comandante de la policía, Jhonny Aguilera.
Horas antes, Áñez dijo por Twitter que era víctima de “abuso y persecución”. Otros dos ministros de su gobierno (2019-2019) fueron detenidos el viernes por la tarde, entre ellos el exministro de Justicia Álvaro Coimbra.
“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.
La exmandataria de 53 años no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.
En las siguientes horas, Áñez y otros dos detenidos comparecerán ante un juez que podría otorgarles arresto domiciliario o enviarnos a un penal en forma preventiva mientras avanzan las investigaciones.
El caso ha vuelto a elevar la tensión política en Bolivia. Líderes de oposición han calificado las detenciones de ilegales y han acusado al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”, según han declarado por separado el expresidente Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos líderes de la oposición.
