Declarar la emergencia en la gestión académica, administrativa y financiera de la Universidad Simón Bolívar, acordó por unanimidad el Consejo Directivo reunido en sesión extraordinaria, “hasta que las autoridades nacionales provean los recursos económicos ordinarios, para permitir al Consejo Directivo y a las Autoridades Rectorales la toma de decisiones en los ámbitos presupuestarios para el adecuado desarrollo de los procesos académicos y administrativos, con eficiencia y eficacia para garantizar el derecho a la educación universitaria y el derecho al trabajo”.
Esta declaración se dio horas después de la asamblea convocada por el personal obrero en la que estuvieron las autoridades universitarias encargadas, Luis Holder, Mariella Azzato y Héctor Herrera, y en la que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Superior, Sutes, hiciera la solicitud de declarar dicha emergencia en virtud de la falta de respuesta de los organismos del gobierno a las necesidades que han estado haciendo desde la segunda semana del año, y por las que se han movilizado hasta el MEU y Vicepresidencia de la República.
Los reclamos del personal obrero han sido reconocidos por las autoridades, quienes han expresado reiteradas veces el apoyo a los trabajadores, pues sus condiciones laborales han desmejorado en los últimos años debido a la falta de uniformes e implementos de seguridad, que no reciben desde hace cuatro años, a la falta de un seguro médico y funerario, del servicio de transporte que impide su asistencia diaria a la Universidad y de los sueldos insuficientes que no cubren los gastos mínimos de una familia, según lo han expresado.
La resolución de declaración de emergencia está dirigida al Ministerio de Educación Universitaria, Consejo Nacional de Universidades, Oficina Nacional de Presupuesto, Oficina de Planificación del Sector Universitario y a la opinión pública nacional e internacional, apelando al “espíritu y contenido íntegro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en especial los artículos 91, que consagra el derecho a un salario que permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, y el 102 que establece el derecho a la educación y que el Estado debe asumirla de forma indeclinable, siendo de máximo interés para la población venezolana”.
Además, señala que “los distintos sectores que hacen vida en la USB, (profesores, personal administrativo y técnico, personal obrero y estudiantes), han venido manifestando de forma constante y reiterada la necesidad de que el Estado venezolano honre, de forma perentoria, sus compromisos presupuestarios para el adecuado desarrollo de los procesos académicos y administrativos”.
