La administración de Nicolás Maduro parece haber comenzado a prepararse para esta contienda electoral, tomando en consideración que en el 2021 deben celebrarse elecciones regionales y municipales, las denominadas megaelecciones, de acuerdo con el criterio sustentado por la ONG, Acceso a la Justicia.
En efecto, es así como el pasado 23 de febrero la Contraloría General de la República (CGR) anunció inhabilitaciones de veintiocho integrantes de la anterior Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2015, por negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.
Entre los inhabilitados por la CGR se encuentran Juan Guaidó, Julio Borges, Juan Pablo Guanipa, Carlos Paparoni, Luis Florido, Germán Ferrer, Tomás Guanipa, Rafael Veloz, Américo De Grazia, Ismael García, Freddy Guevara, Gaby Arellano, Carlos Berrizbeitia y Julio Montoya.
Al anunciar su decisión, el contralor Elvis Amoroso dijo que los inhabilitados «algo tienen que ocultar» al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio al egreso de su ejercicio parlamentario. Asimismo, indicó lo siguiente:
«Todos los funcionarios estamos obligados a declarar ante la Contraloría General de la República, a fin de que el pueblo de Venezuela y el Estado venezolano conozca del patrimonio de los funcionarios y funcionarias públicas, como un instrumento moralizador hacia el pueblo venezolano».
Respecto de la inhabilitación de Juan Guaidó debe aclararse que se suma a otra que el mismo organismo adoptó en su contra en 2019, supuestamente por ocultar y falsear datos en su declaración de patrimonio y por recibir dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificarlo.
Sacando a competidores de la carrera
La inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, forma parte de los instrumentos de asedio empleados por el Gobierno nacional, desde hace tiempo para sacar del camino a sus rivales. Entre 2002 y 2015, la Contraloría inhabilitó a 1.401 funcionarios públicos. En este grupo de inhabilitaciones resalta el caso del fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López Mendoza, actualmente exiliado en España, quien fue víctima arbitraria de esta medida por supuestas irregularidades durante su gestión como alcalde del municipio Chacao (2000-2008), por lo que se le impidió postularse en próximos eventos electorales, específicamente las presidenciales de 2006.
Enzo Scarano, Daniel Ceballos, César Pérez Vivas, Manuel Rosales, Antonio Ledezma, Ramón Muchacho, Freddy Guevara, María Corina Machado son otros opositores que han sido objeto de inhabilitaciones. Por su parte, en las elecciones regionales de 2017, la CGR le impuso esta sanción, por un máximo de quince años, al entonces gobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, impidiéndole participar en dichos comicios y en las presidenciales del año 2018.
Por tanto, no es sorpresivo que el contralor haya decidido inhabilitar a veintiocho exdiputados para sacar del juego democrático a los adversarios políticos del régimen de Nicolás Maduro en vísperas de una contienda electoral.
Los próximos comicios serían en diciembre de este año, y según la recién aprobada por la AN oficialista Ley Derogatoria de la Ley de Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estatales y Municipales se permitiría la celebración conjunta de comicios regionales y municipales, es decir, una megaelección, que es justamente lo que la norma derogada prohibía.
Una sanción violatoria de derechos humanos
La inhabilitación, prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es una de las sanciones previstas dentro de la legislación de control fiscal desde 1975. Está concebida como una medida adicional a la sanción de destitución, que se trata de una medida disciplinaria que comporta la ruptura de la relación de servicio establecida entre el funcionario y la administración.
Sin embargo, en 2001 la medida perdió la condición de sanción adicional a la destitución y pasó a ser adicional a la multa, originada en la declaración de responsabilidad administrativa, aparte del incremento arbitrario del número de años de la misma, la cual pasó de tres a un máximo de quince años; esta es una propuesta del exdiputado oficialista y exmagistrado Luis Velásquez Alvaray durante la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de la Contraloría en la AN.
La disposición prevista en el citado artículo 105 viola el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala claramente que solamente se podrán limitar los derechos políticos mediante una decisión judicial. Por esto, en septiembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Venezuela violó los derechos a elegir y ser electo de Leopoldo López, por cuanto la inhabilitación no se la impuso un juez tras un juicio sino el contralor.
En Acceso a la Justicia hemos insistido en que la medida no solo contraría lo previsto en la carta magna, cuyo texto estatuye que solo tras un proceso penal se puede imponer alguna restricción a los derechos políticos, sino que además atenta contra el principio de la separación de poderes (artículo 136 constitucional), porque la Contraloría, al ser un órgano de naturaleza administrativa, no puede usurpar las funciones de los órganos judiciales.
Así, es al Poder Judicial a quien le corresponde decidir si una persona puede o no ejercer su derecho político a ser elegido como representante popular en caso de haber incurrido en un ilícito administrativo como el previsto por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Por último, no se puede olvidar que el actual titular de la Contraloría fue designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en lugar de la AN, tal y como lo estipula el artículo 279 del texto fundamental, por lo que carece de legitimidad y sus actos son nulos de nulidad absoluta a la luz del artículo 138 constitucional, que dispone «que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Sin duda, la decisión de la Contraloría de inhabilitar a veintiocho exdiputados opositores es una clara muestra de la conducta represiva del régimen de Maduro, que busca anular más aún a la oposición, en especial a los dirigentes que han tenido eco en la comunidad internacional.
Mientras el régimen comienza a mover las piezas para articular esfuerzos en aras de conseguir condiciones tan favorables para sus intereses partidistas como las obtenidas en las fraudulentas parlamentarias del pasado 6 de diciembre, los venezolanos se ven cada vez más debilitados ante las dificultades causadas por la emergencia humanitaria compleja, en la que se revela el abandono gubernamental por atender la crisis, asegura Acceso a la Justicia.
