Más de 90 alcabalas ilegales instaladas a lo largo del estado Táchira, sirven para la extorsión y el financiamiento de los cuerpos de seguridad y de los grupos armados irregulares, y se han convertido en una herramienta de control social que usa como excusa la pandemia para vulnerar los derechos a los ciudadanos.
Así lo denunció Javier Tarazona, director general de FundaRedes, desde uno de los puntos de control más transitado del municipio San Cristóbal, en la vía de salida hacia la frontera con Colombia, donde indicó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus frentes 1, 3, 21, y 33 tienen al menos 5 alcabalas instaladas en el Táchira, mientras que las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen 4 de estos puntos.
Dijo Tarazona que según los testimonios documentados por FundaRedes las personas deben cancelar alrededor de 10 dólares americanos para poder ingresar o salir del Táchira, de los cuales 5 son para los cuerpos de seguridad (PNB, Politáchira, GNB, Cicpc, Ejército, Policía Municipal, e incluso el Saime), y 5 son para los grupos armados irregulares.
Indicó que solo en el municipio San Cristóbal se han instalado más de 30 puestos ilegales que impiden a los ciudadanos movilizarse incluso para actividades cotidianas y necesarias como la compra de alimentos y medicamentos, o acudir a sus lugares de trabajo. En el caso del municipio Bolívar, fronterizo con Colombia, existen cerca de 10.
“Los efectivos de diversos organismos de seguridad reciben órdenes de sus superiores de recoger un pote en cada alcabala, quitándole dinero a los ciudadanos, y esto ocurre porque incluso los uniformados son parte de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, y con sueldos de 5 millones de bolívares que representan menos de 3 dólares mensuales, no alcanzan a adquirir ni dos producto básicos, razón por la cual se dedican a extorsionar a las personas” expresó Tarazona.
Los migrantes forzados que en su mayoría se desplazan caminando desde el centro y el oriente del país también son víctimas del cobro en las alcabalas, y sin importar las condiciones en las que se movilizan sin ningún recurso, los funcionarios les quitan lo poco que llevan en sus equipajes o en efectivo para permitirles pasar.
Similar situación ocurre con motorizados que trabajan en diversas actividades económicas, quienes a diario son amenazados para poder quitarles dinero en las intersecciones puestas por los uniformados; hechos que se repiten con los productores agropecuarios que entran o salen del Táchira, que deben dejar parte de sus cargas en las alcabalas o pagar altos montos en dólares para poder avanzar, lo cual termina impactando en el costo final de los productos.
Recordó que la disposición de mantener una restricción para el ingreso del transporte público al Táchira, también es inconstitucional y fue denunciada al igual que la colocación de los puntos de control, ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público, quienes deben actuar frente a tanta ilegalidad pues todas estas medidas solo han servido para violar los derechos ciudadanos.
