El Vaticano dejó en claro que está tomando muy en serio la postura provacuna contra el coronavirus del papa Francisco al señalar que todo empleado que se rehúse a recibirla sin una razón médica válida se arriesga a ser despedido.
Un decreto firmado el 8 de febrero por el gobernador de la ciudad estado del Vaticano desató un acalorado debate el jueves, dado que sus cláusulas van mucho más allá de la naturaleza generalmente voluntaria de la vacunación contra el COVID-19 en Italia y gran parte del resto del mundo.
El decreto subrayó la necesidad de proteger a los empleados del Vaticano en el lugar de trabajo, así como las pautas emitidas por el propio comité de asesores del papa Francisco sobre el COVID-19, que ha establecido que hay una responsabilidad moral de inocularse “dado que negarse a recibir una vacuna representa un riesgo para los otros”.
El decreto advierte que los trabajadores del Vaticano que opten por no vacunarse sin ofrecer un motivo médico se arriesgan a enfrentar sanciones que podrían incluir “la interrupción de la relación de empleo”. El Vaticano es una monarquía absoluta en el corazón de Roma que opera de manera independiente de la ley italiana y las protecciones laborales de Italia.
En un comunicado el jueves por la noche en respuesta a la controversia sobre el decreto, la gobernación del Vaticano defendió la medida y negó que sea una violación de los derechos de los empleados. Insistió en que se trata de una respuesta urgente a una crisis de salud pública y refleja la necesidad de proteger a empleados individuales y a la comunidad en general.
El comunicado afirma que la alusión a la norma de 2011 que permite el despido de un empleado en caso de negarse a tomar medidas sanitarias no es en tono punitivo. En lugar de ello, dice la declaración, es “una herramienta que ofrece una respuesta proporcional y flexible a la necesidad de encontrar una balanza entre el bienestar colectivo con la libertad individual, sin recurrir a ninguna medida represiva en cuanto al empleado”.
Algunos católicos y otros religiosos se han negado a vacunarse debido a que algunas de las vacunas se lograron gracias a investigaciones realizadas con células tomadas de fetos abortados. La oficina de doctrina del Vaticano ha determinado que es moralmente aceptable recibir la vacuna, incluso las que hayan sido elaboradas gracias a investigaciones con células de fetos abortados.
No es obligatorio ponerse la vacuna en Italia, el primer país que fue afectado con el coronavirus en Europa y que sufre de la mayor cantidad de fallecimientos por la enfermedad de todo el continente a excepción de Gran Bretaña.
La comisión de bioética del gobierno italiano determinó en noviembre que si bien no puede descartar la posibilidad de exigir la vacuna a miembros de ciertos grupos sensibles, como por ejemplo los profesionales de la medicina, toda iniciativa para hacer obligatoria la vacuna “debe ser discutida con la respectiva asociación profesional y debe ser revocada tan pronto ya no haya un peligro significativo para la colectividad”.
El Vaticano, que cuenta con unos 5.000 empleados, se enfila a convertirse quizá en el primer país en completar su campaña de vacunación para adultos, después que el servicio de salud de la Santa Sede inició la inoculación del personal y sus familias a inicios de enero con vacunas de Pfizer. El propio papa Francisco ya recibió la segunda dosis.
