Una gran proporción de refugiados y migrantes venezolanos que viven en países latinoamericanos ha sufrido el desalojo de la vivienda que ocupaban o se encuentran en riesgo de ser desalojados a pesar de las medidas tomadas por los gobiernos de la región para evitar que las poblaciones vulnerables se queden sin techo, denunció el miércoles un estudio de organizaciones de Naciones Unidas, varias universidades y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El análisis aseguró que la mayoría de los venezolanos que salieron de su país en los últimos años para trasladarse a naciones vecinas vive en apartamentos o habitaciones que obtuvieron por contratos de arrendamiento o de préstamo usualmente verbales.
Un 39,8% de los hogares encuestados ha sido desalojado, dijo el estudio, mientras un 38,1% se encuentra en riesgo de desalojo.
La falta de asistencia legal, humanitaria y alternativas de alojamiento han provocado que 30,5% de los hogares que ya habían sido desalojados se encuentren nuevamente en situación de riesgo, dijo el análisis titulado Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela.
“La mayoría de los hogares encuestados habita bajo formas de tenencia mediadas por contratos o acuerdos con particulares que se rigen por pautas de derecho privado y con una alta proporción de informalidad y baja intervención estatal cuando se presentan conflictos entre ellos”, reveló la encuesta.
Agregó que “estos conflictos en torno a los arriendos ya estaban presentes por la falta de oportunidades y medios de vida de los hogares encuestados y se han hecho más conflictivos con ocasión de la crisis social y sanitaria del COVID-19”.
Según la ONU, más de 5,5 millones de personas han huido de Venezuela, que está inmersa en una grave crisis humanitaria.
La encuesta presentada el miércoles fue realizada por 21 organizaciones de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que une a organismos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil para apoyar a los gobiernos en su respuesta a la llegada de venezolanos.
En el estudio también participaron cinco universidades de la Red de Consultorios Jurídicos en Colombia y fue coordinada por la CIDH.
La encuesta fue realizada en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana entre octubre y noviembre de 2020. Colombia anunció recientemente que brindaría a 1,8 millones de venezolanos que actualmente viven en territorio colombiano permisos para quedarse y les permitiría solicitar la residencia permanente.
Según el estudio, un 76,9% de los migrantes y refugiados venezolanos pagan sus apartamentos con recursos propios, mientras que un 16,3% lo hace con prestamos de familiares o amigos y un 10,4% a través de asistencia de organizaciones no gubernamentales.
El 81% de los encuestados que fueron desalojados afirmaron que no hubo ninguna presencia de autoridades civiles durante los desalojos.
El estudio también concluyó que a pesar de que Brasil es el país que recibe la mayor cantidad de venezolanos de forma irregular, se trata de la nación en la que éstos logran más protección internacional, asistencia y apoyo.
