Grupos armados irregulares de origen colombiano han tomado fincas en Venezuela para usarlas en el cultivo y procesamiento de drogas, así como también para la construcción de pistas clandestinas para el narcotráfico, al tiempo que desarrollan actividades de entrenamiento bélico y otros ilícitos con la complicidad de funcionarios del Estado.
A través de una nota de prensa, FundaRedes señaló que en los estados Zulia, Táchira, Bolívar, Portuguesa, Lara, Mérida, Trujillo, Barinas, Falcón, Carabobo, Aragua, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Caracas, Yaracuy, Amazonas y Apure «hay evidencias de fincas tomadas por los grupos armados irregulares, y destinadas como pistas clandestinas de aterrizaje o para tener plantaciones de coca y marihuana».
«En algunos casos estas organizaciones criminales utilizan testaferros para invertir los recursos provenientes del narcotráfico y el contrabando en la adquisición de tierras, de allí que en los últimos años se han convertido en los grandes terratenientes de Venezuela bajo el conocimiento, e incluso en algunos casos, complicidad de las autoridades”, describe parte del texto.
Indicaron que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, a través de la Resolución 217 de 1948, establece en su artículo 17 que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, y que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en el artículo 115 el derecho a la propiedad privada, por ende, es deber del Estado su protección para que toda persona tenga derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes con garantía absoluta de que su derecho a la propiedad es inviolable.
