Después de la excarcelación este miércoles 10 de enero de tres directivos y otros dos trabajadores, Azul Positivo podrá continuar con el trabajo humanitario que realiza en comunidades vulnerables del Zulia.
Una fuente cercana a la ONG zuliana informó a La Verdad que “Azul Positivo seguirá realizando sus actividades y jornadas”, tras la suspensión de sus labores el pasado 12 de enero, cuando los cinco activistas fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Suma más de 16 años prestando ayuda humanitaria en la prevención del VIH en el Zulia, entre otras áreas, en colaboración con agencias de Naciones Unidas.
La ONG, pese al contexto generado por la pandemia de COVID-19, atendió a 9.074 personas en nueve municipios del estado en diversas actividades e intervenciones comunitarias en 2020, según el balance anual.
Totalizó 43.992 personas de la región atendidas de forma directa entre 2015 y 2020 a través de talleres, sesiones educativas, atenciones médicas, psicológicas, entregas de insumos y otros servicios.
Demostrar su inocencia
Los cinco integrantes de Azul Positivo acudieron la mañana de este jueves 11 de febrero al Palacio de Justicia, en Maracaibo, para informarse de las medidas sustitutivas de libertad impuestas por el Tribunal de Control del Zulia.
Fueron excarcelados bajo las medidas sustitutivas de presentación ante tribunales cada 30 días y de prohibición de salida del país, informó la fuente.
Añadió que el equipo de abogados defensores también seguirá trabajando “para demostrar que los cinco activistas de Azul Positivo son inocentes” y lograr su libertad plena.
Johan León, director de la Organización No Gubernamental (ONG) zuliana; Yordy Bermúdez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez, director de finanzas; Alejandro Gómez, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, permanecieron un mes detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del Zulia, en la zona norte de Maracaibo.
El pasado 14 de enero, el Tribunal Cuatro de Control de Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, les dictó medida privativa de libertad, tras ser acusados por la Fiscalía por los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Esto por el financiamiento de tarjetas de alimentación que otorga Azul Positivo a comunidades vulnerables de Maracaibo y San Francisco a través de su programa de ayuda humanitaria.
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