Para volver a tener elecciones libres, competitivas, justas y transparentes en Venezuela, es necesario que los poderes públicos y actores políticos se sometan al imperio de la Constitución y leyes de la República, en donde están establecidas explícitamente las reglas para “la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos”, insiste la ONG Súmate.
La ONG con casi 19 años de labor en la promoción y defensa de los derechos políticos, destaca que una de las primeras condiciones para ello es que los integrantes del organismo que tiene la competencia constitucional y legal de “convocar y organizar elecciones” sean independientes e imparciales en su origen como en su desempeño, tal como lo exigen los artículos 296 de la Constitución de la República y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
En este sentido, la Asociación Civil destaca que el proceso a seguir para la designación del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser abierto al escrutinio público; sin embargo, señala que ha reinado la opacidad y la ausencia de debate nacional en la primera fase cumplida este martes 09 de febrero con la juramentación del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) por parte de los cuestionados integrantes del parlamento nacional 6D 2020, cuyo origen fue producto de una elección que vulneró y estuvo al margen de los principios y garantías electorales establecidos en la Constitución y leyes de la República.
Agrega que esta opacidad en esta primera fase del proceso de constitución del Comité de Postulaciones Electorales resalta al desconocerse hasta el momento cuáles fueron las organizaciones de la sociedad civil que postularon candidatos a integrar el CPE, ni cuáles fueron los criterios para la selección de los miembros por la sociedad civil, a lo cual se agrega que hasta la fecha no se ha podido tener acceso al informe final de la Comisión Preliminar del CPE, el cual debió ser publicado en aras de la transparencia que requiere un proceso de gran interés nacional como es la designación de autoridades del Poder Electoral, tal como lo exige el artículo 62 de la Constitución de la República.
Súmate afirma que, en la constitución del Comité de Postulaciones Electorales, que tiene como función la selección de los candidatos independientes e imparciales a Rectores del CNE; se incumplió con la obligación constitucional de la pluralidad y diversidad exigida en los artículos 295 de la Constitución de la República y 19 de la LOPE, ya que por lo menos 15 de los 21 integrantes del CPE son militantes del PSUV o tienen relación de subordinación con altos funcionarios. Las observaciones de la ONG a esta primera fase son:
1.- La instancia previa al Comité de Postulaciones Electorales (CPE), como fue la Comisión Preliminar, fue conformada por 11 integrantes del cuestionado parlamento nacional 6D 2020, sin el requerido equilibrio y proporcionalidad. Al revisar su procedencia política se encuentra que 8 de ellos son militantes del PSUV, con un peso de más del 75 por ciento en la instancia previa, y el resto representa a partidos minoritarios, entre ellos algunos de los intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
2.- La integración de la Comisión Preliminar tampoco refleja la realidad política nacional, ya que 8 de sus integrantes provienen de la Lista de Adjudicación Nacional (cargos que no existen ni tienen fundamento en la Constitución de la República y que no fueron electos por voto directo), y los otros 3 representan a igual número de estados (Anzoátegui, Cojedes y La Guaira), sin gran peso poblacional y electoral. Es oportuno señalar que entre los integrantes de la Comisión Preliminar no hay expertos ni especialistas en la función electoral, y quien la presidió es una persona que proviene del sector militar.
3.- De los 10 integrantes que representan a la Sociedad Civil en el CPE, seleccionados por la Comisión Preliminar y aprobados por el cuestionado parlamento, hay siete vinculados al PSUV y/o en relación de subordinación en organismos del gobierno nacional. Al revisar la hoja de vida de cada una de ellos resalta que dos de ellos fueron hasta diciembre de 2020 constituyentes, es decir provienen del PSUV; uno es rector de una universidad pública y presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL), afín al gobierno nacional; otro es Rector de una universidad privada y a la vez “asesor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General de la República”; y las personas en representación del sector de los estudiantes, los trabajadores y de los pueblos indígenas también están vinculadas al PSUV y ejercen o han ejercido cargos de en organismos bajo la dirección de altos funcionarios del gobierno nacional.
La Asociación Civil considera que al actual CPE, el cual a todas luces es parcial y afín a los intereses del gobierno nacional, le será muy cuesta arriba cumplir con la responsabilidad de preseleccionar únicamente a aquellas personas postuladas como candidatos a Rectores del CNE que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 296 de la Constitución de la República y 9 de la LOPE, entre ellos “no estar vinculadas a organizaciones con fines políticos” y tener amplia experiencia o estudios de Postgrado en el área electoral o en materias afines.
En este sentido, reitera la ONG que la designación de los Rectores del CNE sin mediar un verdadero consenso entre las fuerzas políticas, con la participación de todos los sectores de la vida nacional y respetando no solo los procesos legales sino los requisitos constitucionales de imparcialidad de los nuevos Rectores, derivaría en un nuevo CNE sin la capacidad política de dar cumplimiento cabal a los principios de imparcialidad, transparencia y participación ciudadana ya aludidos.
Para Súmate, la situación actual demanda en primer lugar, la conformación de un CNE, integrado por ciudadanos con Independencia Política, Solvencia Moral y Ética, así como también con Competencias Profesionales y Técnicas, que permitan reconstruir la confianza en el sufragio como mecanismo para la resolución de conflictos en democracia, en el voto como espacio de encuentro y de expresión política, en la participación ciudadana como paladín del pluralismo y el respeto institucional, además de devolver a las elecciones su importancia como herramienta para la transferencia del poder político del soberano hacia los cargos de elección popular; y en segundo lugar, que los poderes del Estado en manos del PSUV restituyan las garantías necesarias para la organización de los procesos electorales pendientes y por venir.
Si el resultado de este nuevo proceso para la designación de Rectores del CNE, no logra la constitución de un organismo con estas capacidades y motiva un amplio debate nacional que nos lleve hacia la restitución de las garantías electorales e institucionales asociadas al sufragio, habremos perdido una nueva oportunidad para emprender los caminos que nos conduzcan, en democracia, a la solución de la grave crisis por la que atraviesa la República.
