La Constitución Nacional de Venezuela no existe, se esfumó, el país dolorosamente ha devenido hoy en dictadura y acabó con sus leyes. La Constitución Nacional de Venezuela y las de otras repúblicas genuinamente democráticas, se dictaron con el fin de otorgar y garantizar a sus ciudadanos una convivencia justa, pacífica, digna y respetuosa de la condición de persona humana de sus habitantes. Lo que más deseaba la ciudadanía venezolana hasta que se dio cuenta de su imposibilidad, era que la Constitución Nacional aprobada hace más de 21 años, se aplicara de manera real, efectiva y verdaderamente. Haber asumido una Constitución Nacional para sólo exhibirla como trofeo de vidriera o exhibirla en las manos por las pantallas de televisión, es un contrasentido y un verdadero engaño. La situación que vive la república en este momento es extremadamente grave, dramática. Quienes son historiadores y quienes no lo somos, nos hemos dado cuenta, lo reitero, que éste es el momento más dramático y grave vivido por Venezuela desde su independencia del reino español y quizás desde la conquista. Vivimos en una anarquía y con un régimen totalitario que ha amenazado nuestra gente en volverla ceniza. Nos ha amenazado a todos, aunque poco falta para ser ceniza. No existe en Venezuela el menor resquicio de juridicidad, el sistema judicial, se ha dicho muchas veces, está al servicio del régimen, perdió su autonomía.
No hay una sola disposición constitucional que el régimen respete y cumpla. Una conocida dirigente oficialista amenazó en los primeros días de enero con “confiscar” los bienes de los venezolanos que se habían ido al exterior huyéndole a la espantosa situación vivida en Venezuela. Amenazó también con revocarle la nacionalidad venezolana por nacimiento a quienes también se habían ido y hace dos días leí una especie de Comunicado en el cual el régimen advierte haber prohibido expedir pasaportes nuevos o prorrogas de los mismos, en las oficinas consulares de la república. Según ese Comunicado, esos documentos sólo podrán tramitarse y expedirse dentro de Venezuela. Me pregunto entonces, para qué existirán los consulados. Las tres amenazas constituyen una violación de elementales derechos humanos. Ese es un delito severamente castigado por la justicia internacional, y es un delito que no prescribe. En cuanto a la Confiscación de bienes, es necesario recordarle a la proponente que el artículo 116 de nuestra Constitución Nacional señala que “no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones…”, la Carta Magna sólo permite la confiscación de bienes en aquellos casos de enriquecimiento cometido contra el patrimonio público al amparo del Poder Público y en el caso de bienes provenientes del tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Quizás algunos casos de estos pueda haberlos en estos últimos años.
En cuanto a la nacionalidad, el artículo 35 de la Constitución Nacional establece que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Es un derecho que nadie puede revocar. Y en cuanto a la revocatoria de la nacionalidad venezolana por naturalización, se requiere sentencia judicial. Finalmente, todo ciudadano tiene derecho a la identidad, a tener un nombre y a obtener los documentos que acrediten su identidad. Así lo establece el artículo 56 de la Carta Magna. Cualquier venezolano entonces, tiene derecho a obtener sus documentos identificatorios tanto dentro como fuera del país. Estas disposiciones constitucionales que acabo de señalar, no son sino pinceladas de las normas que o han sido violadas o ha habido amenazas de ser violadas. No podemos vivir sin Constitución Nacional, sin leyes que ayuden a aplicarla, sin Estado de Derecho y sin poder judicial que las ampare en forma autónoma, honesta y de verdad. Sin Constitución Nacional, sólo habrá caos y anarquía.
Joel Rodríguez Ramos
