Los magistrados del legítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, acordaron durante una sesión plenaria, remitir a la Corte Penal Internacional (CPI), las denuncias de violaciones a DDHH en Venezuela.
A través de la resolución Nº 0001-2021, los magistrados del TSJ en el exilio buscan favorecer a los presos políticos y perseguidos “por el régimen usurpador de Nicolás Maduro”.
La resolución del máximo tribunal venezolano se hizo justo en la fecha 23 de enero donde se conmemoran los 63 años del derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, lo que significó el restablecimiento de la democracia en el país.
¿Qué busca el TSJ legítimo con esta resolución?
El objetivo de esta resolución N°: 0001-2021 es lograr que se sancionen “a los responsables de torturas, desapariciones forzadas y actos inhumanos que han causado graves sufrimientos a los detenidos y sus familias”.
Asimismo, también se resalta la situación en la que viven “más de seis millones de venezolanos han tenido que irse del país por distintas razones, entre ellas, persecución política así como la imposibilidad de obtener lo necesario para una vida digna”.
La narcodictadura vulnera el derecho a la vida de los venezolanos
El TSJ en el exilio que preside el magistrado Antonio José Marval Jiménez, deploró como el régimen narco dictatorial “violenta el derecho a la vida, la libertad e integridad física, psíquica y moral, por los constantes maltratos de toda índole a los que es sometida la población venezolana”.
A través de las denuncias de violaciones a DDHH en Venezuela se evidencia que el régimen de Maduro vulnera lo establecido “en la carta de la Organización de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros pactos internacionales”.
