El diputado José Brito, presidente de la comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro que investiga las acciones de la antigua directiva de Parlamento anunció que la instancia legislativa ha recabado información que incrimina a Juan Guaidó, presidente de la AN electa en 2015, en la supuesta comisión de hechos punibles.
Concierto para delinquir, agavillamiento, delincuencia organizada, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de Estado y traición a la patria son cargos por los que Guaidó, quien es reconocido por parte importante de la comunidad internacional como presidente encargado del país sería susceptible de juicio, según el parlamentario.
“En próximas horas emitiremos un informe contundente y preliminar a la plenaria de la AN que determina que Juan Guaidó está incurso en la comisión de presuntos hechos punibles que lo comprometen civil, política, administrativa y penalmente”, dijo José Brito.
Agregó que los cargos no configurarían hechos de corrupción, pues de ser así se reconociera a Guaidó como funcionario público. En este sentido, recalcó su desconocimiento al Guaidó, quien es presidente del Parlamento electo en 2015 por más de 7 millones de venezolano y que instaló un período adicional por continuidad constitucional.
Según Brito, la sumatoria de la pena por los supuestos delitos, sumarían más de 200 años de cárcel», dijo, pese a que el Código Penal Venezolano establece en su artículo 86 que al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de presidio, sólo se le aplicará la correspondiente al hecho más grave, pero con aumento de las dos terceras partes del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros.
La norma también establece que en el artículo 87 que al culpable de uno o más delitos que merecieren penas de presidio y de otro u otros que acarreen penas de prisión, arresto, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento, expulsión del espacio geográfico de la República, o multa, se le convertirán estas en la de presidio y se le aplicará solo la pena de esta especie correspondiente al delito más grave, pero con el aumento de las dos terceras partes de la otra u otras penas de presidio en que hubiere incurrido por los demás delitos y de las dos terceras partes también del tiempo que resulte de la conversión de las otras penas indicadas en la de presidio.
De acuerdo al artículo 94 del Código Penal Venezolano en ningún caso excederá del límite máximo de treinta años la pena restrictiva de libertad que se imponga conforme a la ley.
José Brito informó que desde la comisión han solicitado a la Fiscalía General que se estudie la posibilidad de incautación de bienes contra el director del portal web La Patilla y del Centro de Comunicación del gobierno interino, Alberto Ravell.
Aseguró que la oposición dirigida por Juan Guaidó se habría apropiado de recursos venezolanos que estaban en City Bank y se habrían dado al periodista para dirigir y financiar un “aparato mediático” para desatar «odio» en la nación.
Según el parlamentario, quien fue electo en 2015 formando filas en el partido Primero Justicia, expulsado del mismo luego de las acusaciones de estar vinculado para otorgar beneficios al empresario colombiano Álex Saab, se habría usado dinero de venezolano para financiar el llamado Centro de Comunicación Nacional «que funge como Ministerio de Comunicaciones de esta organización criminal».
Cuento de nunca acabar contra Guaidó
Juan Guaidó, presidente de la AN electa en 2015, ya ha sido amenazado antes por el régimen de Nicolás Maduro con cárcel. El 3 de febrero la primera vicepresidenta del nuevo Parlamento, Iris Varela, aseguró que “tomaría la justicia por su propia mano” en caso de toparse con Guaidó.
“Si lo veo, yo misma le pongo las esposas y lo entrego a las autoridades”, expresó la exministra de Asuntos Penitenciarios durante una entrevista en el programa televisivo Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión; como si la detención de personas fuese parte de las atribuciones reseñadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) para el desempeño de los parlamentarios.
En 2019, luego de haberse juramentado como mandatario encargado de la nación la impuesta asamblea constituyente aprobó levantar su inmunidad parlamentaria.
Es mismo año también se le prohibió la salida del país al Parlamentario. Sin embargo, Guaidó estuvo en Colombia en febrero, mes en que se produjo el intento fallido de ingreso de ayuda humanitaria.
Guaidó regresó a Venezuela en 4 de marzo, tras viajar en un vuelo comercial de Copa Airlines proveniente de Panamá, en el que arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado Vargas. Sin inconveniente alguno el diputado pasó migración y luego salió para encontrarse con los representantes diplomáticos de las embajadas de Alemania, Rumania, Portugal, Francia y Países Bajos.
En 2020 el gobernante Nicolás Maduro y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Diosdado Cabello, lo amenazaron con encarcelarlo por supuestamente haber orquestado la llamada «operación Gedeón», en mayo del 2020.
Según el mandatario, Guaidó firmó un contrato con la empresa Silvercorp, propiedad del exboina verde estadounidense Jordan Goudreau para invadir el país.
“Es público, notorio y comunicacional, el contrato para la invasión de Venezuela, delito grave en cualquier nación del mundo”, dijo.
Por el caso, el fiscal general designado por la impuesta asamblea constituyente Tarek William Saab, acusó directamente a Guaidó de ser el “autor intelectual” de la supuesta invasión, pero hasta ahora el encarcelamiento solo ha quedado en amenazas.
