Desde su creación, la ONG Aula Abierta ha servido para denunciar los atropellos que se cometen en la educación superior venezolana y luchar por la libertad académica.
De acuerdo a esta organización, 175 actos vandálicos se produjeron en 2020 en doce universidades del país. Tan solo en la primera semana de 2021, la ONG registró ocho asaltos a instituciones públicas universitarias.
Las universidades más afectadas desde marzo de 2020, fecha en la que empezó la cuarentena, son la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, Universidad de los Andes y Universidad de Oriente.
“Estos actos comprometen seriamente el desarrollo de actividades docentes y de investigación académica. Además representan una violacion a la autonomía universitaria y la libertad académica”, denunció la ONG a través de su cuenta de Twitter, @AulaAbiertaVE.
En el informe Incidentes de seguridad en universidades durante la cuarentena con ocasión del covid-19: un reto para la libertad académica y la educación de calidad, la ONG expone cada uno de los ataques que sufrió la comunidad universitaria y su preocupación porque estos hechos violentos tengan una repercusión negativa en la educación de los alumnos.
Tomando en cuenta las necesidades de jóvenes universitarios y la vulnerabilidad del sistema no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, Aula Abierta surgió como una necesidad para darle voz a los miembros de la comunidad educativa.
Promover iniciativas de estudiantes, profesores e investigadores en Latinoamérica con especial énfasis en los derechos humanos, es uno de los principales objetivos de Aula Abierta. Utilizando a la comunidad universitaria como punto de referencia, la ONG defiende el derecho a la educación, la libertad académica y el derecho a la manifestación pacífica y ciudadana.
Para Aula Abierta es fundamental que los actores principales de las universidades actúen en redes con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de visibilizar y denunciar los atropellos a los derechos humanos a los que son sometidos estudiantes y profesores en Venezuela.
La ONG no solo se queda en la etapa de denuncia, sino que traza estrategias de incidencia ante instituciones de derechos humanos a nivel mundial.
En Venezuela, Aula Abierta hace hincapié en que la educación superior debe ser trazada y supervisada por los entes competentes y no por organismos ajenos, especialmente por aquellos vinculados al gobierno nacional. La educación universitaria no tiene con qué aprobar
Retos para 2021
Entre los muchos retos que se plantea la comunidad universitaria para 2021 están el ajuste salarial apropiado para profesores y personal, el eventual retorno a clases presenciales, la protección de las instalaciones ante los constantes ataques, renovación de autoridades con períodos vencidos y la revisión del sistema a distancia u on line.
Para nadie es un secreto que la pandemia ha golpeado el ya estropeado sistema educativo venezolano.
“Tenemos que impulsar una agenda común de trabajo en función de reactivar la actividad académica, los derechos laborales de los profesores, de los empleados y de los obreros; los beneficios de los estudiantes para que se cierre la brecha que cada vez es más amplia en relación con la posibilidad de acceso a la educación universitaria en el país”, dijo a través de la página web de Aula Abierta, Keta Stephany, secretaria de actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).
Para Stephany es contraproducente hablar de un virtual retorno a clases en medio de la pandemia. A su juicio, las universidades públicas e incluso algunas privadas no cuentan con los recursos necesarios para asumir el protocolo de bioseguridad.
“No es posible en este momento, no es posible nada presencial mientras no se garantice la bioseguridad y no esté garantizada la seguridad en nuestras universidades”, dijo Stephany.
Un problema estructural
Para el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, la inseguridad que se vive a diario en las casas de estudios de Venezuela tiene una raíz profunda.
“Un vigilante gana un sueldo que no sobrepasa los 10 dólares sumando todos los bonos”, dijo Bonucci.
Los bajos sueldos hacen que los vigilantes renuncien o incluso se presten para ser cómplices de hurtos.
“Nos están desmantelando todas nuestras instituciones, nuestras dependencias. Desde las universidades se ha pedido un bono especial para nuestros vigilantes y para la gente que está haciendo algún tipo de actividad presencial en las universidades. No se le ha dado una respuesta a esta gente que está arriesgando sus vidas”.
De acuerdo a Aula Abierta, entre marzo y diciembre de 2020 se registró un promedio de 17,5 incidentes violentos mensuales, lo que representa un incremento con años anteriores, como 2018 cuando hubo una media de 5,6 episodios vandálicos al mes.
Según la ONG, en algunos recintos universitarios se necesitará una inversión significativa para recuperar los espacios.
“Necesitamos más de dos millones de dólares para recuperar la infraestructura”, dijo a Aula Abierta, Judith Aular de Durán, rectora interina de la Universidad del Zulia.
Con un presupuesto universitario de apenas 1% del monto solicitado, una eventual reconstrucción de la infraestructura universitaria tardaría décadas.
Aula Abierta solicita que se cumplan con los parámetros establecidos en el área de inversión y protección a los recintos universitarios estipulados en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) de 1966, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.
Lea más en www.runrun.es
