Las fuerzas armadas de Myanmar protagonizaron un golpe de estado el lunes y detuvieron a prominentes figuras políticas, entre ellas a la ganadora del Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, asestando un duro golpe al importante aunque errático progreso hacia la democracia que la nación había logrado tras cinco décadas de régimen militar.
El canal de televisión de los militares Myawaddy TV anunció que las fuerzas armadas gobernarán al país por un año. Afirmó que la medida fue necesaria debido a que el gobierno no había actuado sobre las denuncias de fraude elevadas tras las elecciones de noviembre —en las que el partido oficialista de Suu Kyi ganó la mayoría de los escaños parlamentarios en juego— y porque ese gobierno convocó a esas elecciones a pesar de la pandemia del coronavirus.
El golpe de estado ocurre el mismo día en que el Parlamento iba a comenzar sesiones y tras varios días de rumores de que una insurrección militar era inminente. Los militares insisten en que el golpe está legalmente justificado, citando una cláusula de la constitución que le permite asumir el control del país en caso de una emergencia nacional. No obstante, el vocero de Suu Kyi y observadores internacionales mantienen que se trata de un golpe de estado.
Es un dramático revés para Myanmar, que apenas salía de décadas de régimen militar y aislamiento internacional, a partir de 1962. Es además una asombrosa pérdida de poder para Suu Kyi, una activista de la paz que estuvo presa en su casa durante años mientras perseveraba en una campaña para llevar la democracia a su país y se convirtió en la gobernante de facto cuando su Liga Nacional por la Democracia ganó las elecciones en 2015.
Si bien Suu Kyi fue una dura adversaria de los militares durante su arresto domiciliario, desde que asumió las riendas del poder ha tenido que negociar con los generales que en realidad nunca cedieron totalmente el poder. Si bien la mujer, de 75 años, es sumamente popular a nivel nacional, su deferencia hacia los generales —incluso defendiendo las matanzas de rohinya que son ampliamente consideradas genocidio— ha empañado su imagen a nivel internacional.
Hay quienes califican el golpe de estado de prueba de que los militares nunca cedieron el poder totalmente a pesar de la semblanza democrática. Ya antes el grupo de derechos humanos Human Rights Watch había calificado la cláusula constitucional que permite la intervención de las fuerzas armadas como “un golpe de estado en preparación”.
Los acontecimientos presentarán un desafío para la comunidad internacional, que había aislado a Myanmar cuando era una dictadura militar y que recibió con agrado el ascenso de Suu Kyi al gobierno como señal de que el país al fin se encaminaba hacia la democracia. Es probable que ahora surjan llamados para la reimposición de sanciones contra el país sudasiático.
Los primeros indicios de que se fraguaba un golpe surgieron cuando se reportó que Suu Kyi y el presidente Win Myint habían sido detenidos en horas de la madrugada.
Myo Nyunt, vocero del partido de Suu Kyi, informó a la emisora online The Irrawaddy que además de Suu Kyi y el presidente, habían sido detenidos los miembros del Comité Ejecutivo del partido, muchos de sus parlamentarios y otros dirigentes políticos.
El servicio de televisión fue interrumpido en todo el país y se suspendieron todos los vuelos, así como el servicio de internet y de teléfono en la capital, Naipyidó. En otras partes del país también se reportaba la ausencia del servicio telefónico aunque en otras sí había internet.
A medida que se esparcían los reportes de lo sucedido, reinaba la incertidumbre y el desasosiego entre los ciudadanos, muchos de los cuales se disponían a desayunar, hacer compras o ir a sus trabajos.
