Venezuela rechazó el jueves las acusaciones “infundadas” de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a favor de Guyana, ignorando los argumentos del régimen venezolano sobre la detención de dos barcos pesqueros en aguas bajo su jurisdicción. Mientras tanto, el gobierno de Georgetown sostiene que la armada venezolana supuestamente incursionó e interceptó ilegalmente los barcos en sus aguas territoriales.
El incidente fronterizo es el más reciente registrado en aguas de un territorio en disputa.
La cancillería venezolana indicó en un comunicado que las “acusaciones infundadas” de CARICOM hacen “eco de la campaña de manipulación de los hechos dirigida por la República Cooperativa de Guyana, con relación a la operación de custodia” que ejerció la Armada en “aguas jurisdiccionales de Venezuela”.
En el escrito, Venezuela lamentó que CARICOM, en una declaración divulgada en la víspera, respaldara la versión de Guyana sobre el incidente ocurrido el 21 de enero y alertó que su postura “no sólo contribuye con un ominoso clima de hostilidad, sino que además respalda los intereses de las transnacionales estadounidenses que pretenden hacerse del dominio de un territorio sin delimitar, a partir de un indeseable conflicto en la región”. No dio más detalles ni presentó ninguna prueba.
El régimen de Nicolás Maduro considera que las embarcaciones, identificados como “Nady Nayera” y “Sea Walf”, ejercían labores de “pesca ilegal en aguas de plena soberanía y jurisdicción de Venezuela», mientras que Guyana denunció que una embarcación militar venezolana, que se encontraba el 21 de enero “ilegalmente” en la zona económica exclusiva de Guyana, “interceptó, abordó y se apoderó” de las embarcaciones pesqueras.
La Comunidad Caribeña también instó a Venezuela a “desistir de actos agresivos que socavan gravemente la paz y la seguridad no solo de Guyana y Venezuela, sino de toda la región del Caribe». Al respecto, Venezuela recordó su “vocación pacífica”, resaltando que «ha mostrado de forma amplia su solidaridad con todos los países de la región, promoviendo siempre relaciones de buena vecindad”.
Venezuela, en los gobiernos socialistas del ahora fallecido expresidente Hugo Chávez y Maduro, su sucesor, ha hecho grandes esfuerzos durante más de dos décadas para ampliar su influencia en la región mediante el pacto de Petrocaribe, que por años permitió a más de una docena de naciones caribeñas la compra de petróleo bajo términos preferenciales, que incluyó el financiamiento venezolano de hasta 50% de sus facturas petroleras por 25 años.
“Venezuela ha demostrado solidaridad incondicional en momentos en los que sus vecinos del Caribe han atravesado situaciones de dificultad. Jamás ha promovido operaciones o ejercicios militares con potencias extrarregionales en aguas o territorios controvertidos, tal como lo ha hecho Guyana”, agregó la cancillería venezolana al referirse a unos recientes ejercicios realizados en conjuntos por guardacostas estadounidenses y guyaneses.
Venezuela y Guyana tienen una disputa limítrofe por el denominado Esequibo, un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados que los venezolanos reclaman como suyo desde 1897. La región es rica en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo. El arbitraje de un tribunal internacional en 1899 trazó la frontera entre los dos países, favoreciendo principalmente a Guyana, entonces una colonia británica.
En 1966, Venezuela y Reino Unido —- en coincidencia con la independencia de ese vecino país— convinieron en buscar una solución práctica y pacífica a la disputa territorial bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
Desde 2015, Venezuela y Guyana repetidamente han enfrentado fricciones como consecuencia de las exploraciones petroleras que realiza una subsidiaria de la estadounidense Exxon Mobil por decisión de Georgetown en parte del área en disputa.
Maduro ha exhortado en meses recientes al secretario de Naciones Unidas, António Guterres, a renovar sus buenos oficios para reactivar el diálogo bilateral. Maduro argumenta que la intervención de la Corte Penal Internacional desconoce el Acuerdo de Ginebra.
Guterres declaró en 2018 el fracaso de décadas de esfuerzos de mediación. Un par de meses después Guyana solicitó la intervención de la Corte Penal Internacional.
Venezuela descarta discutir en La Haya la disputa con Guyana.
