La implementación de un esquema de “renta básica universal” el cual se traduce en un programa de transferencias directas de dinero no condicionada, que permita atender las necesidades más urgentes de la población, lo que conduciría a una verdadera democratización del ingreso petrolero.
El planteamiento lo formula el economista y diputado Ángel Alvarado, quien explica que en los trabajos que se adelantan en el marco del Plan País, se ha estado manejando la tesis que para atender la emergencia humanitaria compleja de la población, se deben hacer a las personas transferencias directas casi universales.
“Esto en la práctica es lo que se denomina renta básica universal, que consiste en hacerle transferencias directas a la gente para que cubra sus necesidades básicas o atienda las prioridades que decida, tesis que ha venido tomando fuerza en más de 119 países a nivel mundial con 1.000 millones de beneficiarios”, asegura.
Recuerda que el Banco Mundial estima que el mundo tendrá 150 millones de nuevas personas viviendo por debajo de la línea de pobreza a partir del año 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. El mundo, por primera vez desde 1998, se experimenta un incremento de la pobreza según Naciones Unidas. Para el Programa Mundial para la Alimentación, 130 millones de personas no tuvieron suficiente comida en sus hogares en 2020. La pobreza está en el tapete de la discusión pública actual.
Mientras que se estima que la caída del PIB en Venezuela para 2020 (-40%) sea superior al resto del mundo y de la región. Esto implica que las consecuencias de la pandemia son más profundas en Venezuela, donde la crisis sanitaria se conjuga con el colapso de los servicios públicos, la hiperinflación, la reducción de las exportaciones petroleras. Esto ha configurado un escenario dramático con niveles de pobreza superiores al 90%.
Destaca que ante esta situación el Banco Interamericano de Desarrollo ha propuesto “intervenciones específicas para mejorar el ingreso y la nutrición de la población, el acceso a salud y educación y también la adopción de reformas que permitan el retorno de la inversión privada y la dinamización de la economía”
Explicando que esto se concreta en un programa de transferencias directas de dinero no condicionadas casi-universal en el corto plazo que migraría en el mediano plazo hacia un programa de trasferencias focalizadas.
El costo estimado para el programa de transferencias cuasi universales y de transferencias en especie para el primer año alcanza los $2.800 millones. Para el segundo año, el monto total es de $2.954 millones, en cuyo caso las transferencias focalizadas representan más del 50% del total del gasto. Para el tercer año, el costo se ha estimado en $2.250 millones”.
Admite que este programa podría ser implementado en el mediano plazo, una vez que se reactiva la producción petrolera y vuelva el país a tener ingresos, advirtiendo que con una colocación de 1.400.000 barriles de petróleo en los mercados internacionales, se pudiera destinar la venta de unos 200 mil barriles para financiar estos programas de renta básica universal.
Esquema toma fuerza en el mundo
Advierte que esta propuesta es equivalente a un programa de Renta Básica Universal (transferencias de dinero universal y no condicionada) el cual ha venido ganando apoyo en el mundo académico por su efectividad y por la necesidad de redefinir y hacer más eficientes los programas sociales de los Estados modernos. La evidencia empírica es robusta sobre los efectos positivos sobre este tipo de programas en la generación de capacidades de la gente.
Explica que no hay en este momento, ningún programa social del que se esté hablando más en el mundo que de la Renta Básica Universal, el cual se ha venido implementado en fase de prueba en 119 países con mil millones de beneficiarios.
Se advierte que la Renta Básica Universal es menos costosa que los programas focalizados, más efectiva en Estados débiles sin capacidad de identificar y focalizar la pobreza, al reducir los errores de inclusión en la selección de beneficiarios.
Esto lo ha convertido en un programa defendido por distintos grupos del espectro académico, desde los liberales (impuesto negativo de Friedman), hasta las escuelas más intervencionistas que ven en ella una política efectiva en la búsqueda de la equidad.
La evidencia empírica sobre los beneficios es abundante, robusta y aceptada por la literatura especializada, señaló Alvarado.
