Este viernes 22 de enero el comisionado presidencial para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, denunció que el régimen de Nicolás Maduro violó el acuerdo en el que se comprometía a permitir la ejecución del plan de “Respuesta a la Epidemia de COVID-19 en Venezuela” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
A través de su cuenta de Twitter, Pizarro aseguró que pese de los impedimentos del régimen de Maduro para la implementación del plan salud contra la COVID-19, el Gobierno interino de Venezuela y la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 tienen la convicción de buscar soluciones para atender a los más vulnerables en medio de la pandemia.
“Las decisiones del régimen no implican de ninguna forma que haya cesado nuestro interés en mantener el acuerdo”, escribió Pizarro, quien además compartió el comunicado del gobierno de Juan Guaidó.
Dicho documento expone que, en principio, las partes involucradas en el acuerdo establecieron que los equipos y las pruebas entregadas por la OPS serían dirigidas a 27 hospitales centinelas para COVID-19, no obstante, “después de la entrega de los equipos y cartuchos por parte de la OPS al Instituto Nacional de Higiene (INH), el régimen tomó la decisión unilateral de trasladar los equipos a las redes de laboratorios de salud pública regionales y otros centros no autorizados ni preparados para la atención de pacientes con COVID-19”.
Ante estas irregularidades, los factores democráticos hacen un llamado a la comunidad internacional, agencias humanitarias, organizaciones multilaterales y Organizaciones No Gubernamentales “a sumarse a la denuncia y la procura de que los equipos, pruebas e insumos para la atención de la COVID-19 en Venezuela sean usadas y se pongan al servicio de los venezolanos”.
Comunicado íntegro:
Durante el mes de junio del año 2020 se firmó un acuerdo entre el equipo técnico de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) y el ministro del Poder Popular para la Salud (MPSS) del régimen, para la ejecución del plan de “Respuesta a la Epidemia de COVID-19 en Venezuela” por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En la ejecución de dicho plan estaba prevista la compra de pruebas rápidas para diagnóstico confirmatorio “SD Biosensor”. Efectivamente, el 1 de octubre de 2020 la OPS adquirió 10 equipos SD Biosensor (F-100) y 340.000 cartuchos para la detección cualitativa del antígeno específico del virus SARS-CoV-2. El proveedor donó 18 equipos (F-200) adicionales. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud estos equipos están destinados a estar en los centros de salud de alta rotación de pacientes con sospecha de COVID-19.
En principio, las partes involucradas en el acuerdo establecieron que los equipos y las pruebas se ubicarían en 27 hospitales centinelas para COVID-19 de los estados del país, incluido el Distrito Capital. Sin embargo, después de la entrega de los equipos y cartuchos por parte de la OPS al Instituto Nacional de Higiene (INH), el régimen tomó la decisión unilateral de trasladar los equipos a las redes de laboratorios de salud pública regionales y otros centros no autorizados ni preparados para la atención de pacientes con COVID-19.
Desde el mes de noviembre, cuando el equipo técnico de la Asamblea Nacional fue informado vía telefónica de este cambio inconsulto, se levantaron las primeras alarmas y, desde entonces, desde el Gobierno Interino y la Asamblea Nacional -junto a OPS- hemos hecho los esfuerzos posibles para que sean devueltos los equipos a las sedes acordadas en un principio, sin obtener respuesta.
Ante esto, consideramos que la decisión unilateral del régimen de ubicar las máquinas para la prueba de antígeno en los laboratorios de salud pública regional, y en otros entes con baja afluencia de casos de COVID-19, representa una clara violación del acuerdo, ya que esta decisión significa un uso ineficiente de estas máquinas, alejando las pruebas del paciente y evitando la descentralización de las pruebas, uno de los objetivos de esta compra. Mantener los equipos en los laboratorios de salud pública no solo le otorga al régimen absoluto control sobre los resultados y la posibilidad de manipulación de la data, sino que también, según la información de la misma OPS, desde finales de octubre, fecha en la que llegaron 340.000 pruebas de antígenos a Venezuela, solo se han utilizado alrededor de 3.000, es decir el 1%.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, agencias humanitarias, organizaciones multilaterales, Organizaciones No Gubernamentales y demás actores a sumarse a la denuncia y la procura de que los equipos, pruebas e insumos para la atención de la COVID19 en Venezuela sean usadas y se pongan al servicio de los venezolanos.
El número de pruebas y el diagnóstico oportuno de los casos positivos, así ́como el rastreo de los contacto ha sido, a nivel global, el método maś certero para poder disminuir la tasa de transmisión del virus, por lo que es imprescindible continuar los esfuerzos para lograr la descentralización de las pruebas.
Desde el Gobierno Interino y la Asamblea Nacional de Venezuela reiteramos nuestra convicción y voluntad política de buscar soluciones para la atención a los más vulnerables en medio de la pandemia y de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive nuestro país. Las decisiones unilaterales por parte del régimen no implican de ninguna forma que ha cesado nuestro interés en mantener el acuerdo suscrito con OPS, al contrario, hacemos
votos porque este acuerdo se mantenga, porque Venezuela pueda tener acceso despolitizado y real a la asistencia que requiere y a la vacuna contra la COVID-19 bajo el mecanismo COVAX.
