La organización no gubernamental Vinotinto, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, está pidiendo a los administradores de justicia del estado Zulia, la libertad plena de los cinco trabajadores humanitarios de la organización Punto Azul, cuya labor está dirigida a la asistencia de pacientes afectados por VIH en aquella entidad federal.
Al respecto, Manuel Virguez, coordinador regional en Lara de Vinotinto, declaró a Elimpulso.com, que diversas organizaciones no gubernamentales se han solidarizado con los detenidos por considerar que se está cometiendo una arbitrariedad y se está impidiendo que un gran número de personas puedan recibir ayuda para la enfermedad que padecen y que amerita tratamiento permanente.
Las informaciones que tenemos del caso las hemos recibido de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codehz), que junto con otras organizaciones no gubernamentales, considera que son muy graves e injustas las acusaciones formuladas por el Tribunal Cuarto de Control de aquella entidad.
Esta dependencia judicial dictó privativa de libertad, la noche del jueves 14 de enero, a Johan León Reyes, director general; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Góme Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social.
Los delitos que se le atribuyen son: manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Cabe señalar que este proceso comenzó, el día lunes 11 de este mes, cuando el Servicio de Investigaciones Policiales del estado Zulia (Sipez) detuvo a un comerciante en el municipio San Francisco, acusado de recibir tarjeta inteligente a beneficiarios de Punto Azul.
Ésta organización no gubernamental suministra ayuda económica a los pacientes más vulnerables, manifestó Codehz, no de ahora sino desde hace años, porque precisamente su función es humanitaria.
Al día siguiente, a las once y media de la mañana fue allanada la sede de Punto Azul y sus principales trabajadores fueron detenidos por una comisión de Sipez y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
A la zona de encarcelamiento de este organismo fueron llevados los detenidos y el tribunal les dio este lugar como sitio de reclusión.
Familiares, defensores y organizaciones de Derechos Humanos del Zulia, así como del resto del país, consideran que no tienen fundamento las acusaciones formuladas contra los trabajadores humanitarios, porque lo que han venido haciendo es ayudar a afectados por VIH, en momentos en que la situación sanitaria del país se ha tornado muy delicada, manifestó el doctor Virguez. Es por ello que solicitamos la libertad plena de estas personas que han sido privadas arbitrariamente de su libertad y de las funciones más humanas que vienen cumpliendo, dijo.
