Los funcionarios del país están en la obligación de cumplir con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el respeto a la propiedad privada de los inmuebles, ya que en Caracas y en otras partes del país se han venido produciendo intentos de ocupación ilegal y los propios vecinos han impedido que se cometa ese tipo de delito.
Al suministrar su declaración, Marco Asuaje, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, expresó que en esta entidad no se tienen denuncias de esos hechos, pero alerta a la población y, por supuesto, a las autoridades para evitar que se produzca esta irregularidad, ya que en años pasados hubo muchos casos que causaron preocupación y pérdidas económicas a los dueños de los inmuebles.
Recordó que el artículo 115 de la Constitución garantíza el derecho a la propiedad y el 116 es muy preciso cuando reza que no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes.
En este sentido, sin mencionar a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional afecta a Nicolás Maduro, comentó que ningún parlamentario puede estar amenazando con quitarle los bienes a quienes se han ido del país, porque eso no puede ser una medida caprichosa.
Para que se proceda a una medida de expropiación tiene que haber un proceso judicial motivado por algún delito.
Se atenta contra la propia Constitución cuando algunos constituyentistas, olvidándose que tuvieron responsabilidad en la elaboración del texto que rige la nación, incurren en alegres declaraciones para avivar tensiones en la población venezolana y agravar mucho más la crisis política, económica y social que vive Venezuela.
