Al cumplirse recientemente tres años de la masacre de El Junquito, donde murió Óscar Pérez y su grupo, todavía no se han establecido responsabilidades en el país, motivo por el cual ese hecho será uno de los que mayor fuerza tendrá para condenar, en la Corte Penal Internacional, a funcionarios de alto nivel de los cuerpos de seguridad del país.
A este respecto, el sociólogo Nelson Fréitez, miembro de la Red de Defensores de los Derechos Humanos en el estado Lara, indica que en esa operación participaron centenares de funcionarios del CONAS, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Fuerza Especial de la Policía Nacional, Guardia Nacional, Policia Nacional Bolivariana, Policaracas y Sebin, utilizando armas de gran potencia, granadas, helicópteros y hasta tanques de guerra.
Además del piloto y funcionario policial Oscar Pérez fueron muertos sus compañeros Daniel Enrique Soto Torres, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel Lagostini, Abraham y Jairo Lugo Ramos, así como una mujer embarazada.
Este hecho ocurrido, desde las 4 de la madrugada hasta el mediodía del 15 de enero de 2018, demostró ante la opinión pública internacional que los cuerpos policiales y militares venezolanos realizan acciones criminales sin temor alguno de enjuiciamiento en el país, ya que se ha derterminado que el 99 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales no son investigadas por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo nada hace al respecto.
Aunque en algunos países del continente, como Mexico, Brasil, Honduras, El Salvador y Nicaragua se producen ejecuciones extrajudiciales, en ninguno de ellos hay tanta impugnidad como en Venezuela, donde la propia alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, ha comprobado denuncias impresionantes de lo que ha venido ocurriendo en nuestro territorio.
En su primer informe fueron testimoniados 5.287 ejecuciones en el 2018 y añadidos 1.569 hasta mayo del 2019, cuando los funcionarios de su oficina tomaron las denuncias.
Aún más, la Misión de Verificación, organización independiente, que presentó su informe en septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reafirmó los casos de exterminio registrados en Venezuela y los 47 representantes que conforman ese Consejo le dieron dos años para continuar sus investiaciones.
No bien había comenzado este año cuando una nueva masacre ha sacudido al país, ya que en el sector La Vega, donde se habían venido produciendo protestas por los malos servicios públicos, se registraron 23 muertes. A pesar de que las autoridades dijeron que fue un enfrentamiento, como sucede generalmente, ninguno de los funcionarios que actuaron resultó abaleado.
Estos operativos realizados en las barriadas de todo el país, además de cobrar vidas de delincuentes de bandas a las que el propio régimen les dio zona de refugio o de paz, caen inocentes víctimas desarmadas cuando regresan a sus casas y tratan de esquivar la lluvia de balas. El objetivo que buscan ministros y viceministros con estas actuaciones es la de dar castigos ejemplarizantes e impedir en la población protestas públicas.
Al mismo tiempo, como lo ha denunciado la doctora Tamara Suju, en los cuerpos represivos se están aplicando torturas diversas, que no sólo constituyen el modelo cubano, sino de los iraníes, quienes están entrenando a militares en esas prácticas que violan los Derechos Humanos, expuso el sociólogo Fréitez a Elimpulso.com.
