El diezmado sector empresarial de Bolívar se enfrenta a una nueva complicación aparte de la grave escasez de combustible, la pandemia, la limitación de horas para trabajar y los impuestos, y es que, en estos dos últimos meses el precio del servicio eléctrico aumentó más del 3.000%.
No importa si el local está vacío o si no se han abierto las puertas por la cuarentena aplicada desde de marzo, empresarios que pagaban entre 2 y 3 millones de bolívares, pasaron a pagar por encima de los 50 millones, como mínimo.
El encargado de un local de alimentos en Alta Vista comentó que pasó de pagar 2 millones de bolívares en diciembre, a 80 millones de bolívares (3.900% más). “Sin medidor, ni nada, digamos que fue así de repente”, advirtió el comerciante, quien desconoce a qué se debe tal incremento de la tarifa.
Antes de la subida ni se preocupaban por incluir en sus costos las mensualidades de la energía eléctrica, por lo que el dinero del aumento de Corpoelec lo tenían para otros gastos, algo que considera deberá cambiar de ahora en adelante, para no trabajar a pérdida.
“Vamos a tener que ponernos las pilas y meter eso, porque es un gasto muy grande (…) tendremos que subir algunos precios, no solo por la inflación, sino por este costo”, dijo.
Para el comerciante el aumento puede ser justo siempre y cuando la calidad del servicio justifique el precio, mejoren las condiciones y los salarios de los trabajadores de Corpoelec. “Si los bajones de luz van a desaparecer o a minimizarse o si la luz no se va a ir tanto”, argumentó.
El incremento afectó incluso al sector licorero, el cual apenas viene trabajando desde diciembre y enero solo opera en semana flexible. Ozarik Gutiérrez, propietario de una licorería, expresó que de poco más de 1 millón y medio de bolívares en octubre, pasó a 54 millones (3.374%) en diciembre, poco más de 40 dólares en ese entonces.
“El golpe es duro, me pega”, comentó. Pese a que el comerciante considera necesario un ajuste, no le pareció correcta la forma ni el momento. “Hacía falta sincerar eso, pero me lo sinceraste muy bruscamente en un momento difícil para el comercio”, expresó.
Gutiérrez consideró que todos deben pagar y no ser una carga solo del empresario, además de eso señaló que el dinero de las tarifas debe ser reinvertido para que no empeore el servicio, no haya bajones de luz y no se dañen los equipos.
Aumento con los salones vacíos
Los colegios que no operan con normalidad desde hace más de 10 meses también fueron incluidos en el aumento de tarifa. María Manrique, propietaria del colegio Monte Alto, señaló que en su institución pasaron de pagar 3 millones en octubre a 172 millones en noviembre.
“Lo grave para nosotros de la situación es que las escuelas están cerradas (…) Los salones no se usan, los aires no se usan”, afirmó. Para Manrique, aunque es entendible que haya un aumento de los servicios, también “es imposible” operar con estos montos.
“El aumento es demasiado, entonces después no puedes llevar eso a tu producto final o a tu servicio porque entonces te caen las autoridades que no puedes ajustar precios”, relató.
Manrique manifestó sentirse desesperada pues hasta los momentos no sabe cómo va a cancelar la cifra y señaló que es abusivo hacer un aumento lineal a todos los empresarios, cuando por la cuarentena no se está laborando con normalidad en muchos de los sectores.
Los gremios ven la medida insostenible
Catherine Wilson, vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Caroní (Camcaroní), señaló que en el edificio del gremio pasaron de pagar 5 millones a casi 300 millones de bolívares, cuando las visitas han bajado y no se están utilizando todos los locales.
Wilson señaló que no hicieron lecturas en los medidores, las tarifas fueron hechas sin un verdadero estudio y además de eso no se han hecho mejoras en el servicio. Así mismo expresó que en su comercio pasó de pagar 800 mil bolívares a 38 millones estando cerrado, mientras otro afiliado al gremio pasó a pagar casi 400 dólares en su empresa de metalmecánica.
“Más nunca ha hecho ni una pieza, ¿cómo te voy a pagar 400 dólares si no estoy haciendo absolutamente nada? (…) el comerciante está pagando un recibo de energía eléctrica que no está acorde con lo que él está consumiendo”, denunció la gremialista.
Wilson consideró injusto que el comercio informal y emprendedores que trabajan desde casa no están siendo tomadas en cuenta en dicho incremento, mientras los que sí pagan tributos e impuestos, son los más afectados por la medida. “En el comercio formal estamos todos casi que en la ruina”, acotó.
Para la vicepresidenta es necesario que haya comunicación y acuerdos entre entes privados y públicos y que haya aumento siempre y cuando el servicio no tenga fallas, se hagan inversiones y que todos paguen. “Va a pasar que muchas empresas van a seguir cerrando, el 2020 dejó muchas empresas cerradas y este año no pinta nada bonito”, dijo.
José Alfredo Olivo, presidente de Fedecámaras Bolívar, señaló que en uno de los locales que no abre desde marzo y, donde tiene la mayoría de los electrodomésticos desenchufados, le cobraron en diciembre 160 dólares por electricidad.
Señaló que desde Corpoelec informaron que se establecieron cuotas básicas en las que, así no se consuman deben pagarse, se incrementaron los planes y los kilovatios hora con montos establecidos en petros, los cuales no son negociables.
Desde el gremio concuerdan en que se necesita una tarifa que permita a Corpoelec reinvertir en insumos, pero advierte que los aumentos deben hacerse por consumo, escalonados y en consenso con el sector productivo, para evitar que una mayor cantidad de compañías cierren.
“Siguen poniendo en el hombro de las empresas el tema del consumo eléctrico, sigue poniendo el tema de los impuestos, en caso de Caroní los impuestos son altos, son exorbitantes, aunque la empresa no trabaje, no produzca”, reclamó.
Para Olivo la paralización, el combustible, la semana radical y el aumento de las tarifas eléctricas son insoportables para el sector empresarial. Hizo un llamado a las autoridades para llegar a un consenso a nivel tributario y a sincerar las cifras de contagios de COVID-19, dado que cada región tiene una realidad distinta y necesitan trabajar.
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