Acciones inmediatas solicita la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para frenar los atropellos constantes por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los trabajadores.
La información la dio a conocer el Secretario General de la máxima central obrera del país, José Elías Torres, al recordar que el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abordará nuevamente el caso Venezuela en su reunión de marzo, luego que en la cita del 14 de noviembre de 2020 la instancia no llegara a una decisión sobre la respuesta a adoptar ante la no aceptación por parte del régimen de Nicolás Maduro de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, hechas en octubre de 2019.
Torres, encargado de la secretaría general de la CTV desde marzo de 2016, indicó que -a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, hechas en octubre de 2019, al régimen de Maduro ha seguido incumpliendo los convenios internacionales por los cuales se elevó el caso a la máxima instancia de la OIT y perseguido y detenido a dirigentes sindicales.
Régimen viola normas de la OIT
Se refirió al más reciente aumento salarial que, además de no ser consultado con representantes de empleadores y empleados, no fue publicado en Gaceta Oficial y pudo ser constatado en el pago de nómina de la administración pública y de pensionados del IVSS en el mes de noviembre.
El incremento llevó de Bs 400.000 a Bs 1.200.000 el salario mínimo nacional, en tanto que el bono de alimentación sufrió un ajuste igual para colocar el llamado salario mínimo integral en Bs 2.400.000, hoy equivalente a 1,67 dólares mensuales al tipo de cambio paralelo de Bs 1.436.361 del 7 de enero de 2021.
Señala Torres que entre los ataques a la libertad sindical está la detención de Guillermo Zárraga, secretario de Reclamos del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón (SUTPGEF), por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El Ministerio Público lo imputó por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, sin que se le permitiera que lo asistiera un abogado privado.
Recordó también la detención de Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera del Orinoco, el 12 de junio del 2011 en las instalaciones de la empresa, en el estado Bolívar. Fue detenido por un crimen cometido por otra persona: presuntamente Héctor Maicán, directivo sindical y militante del PSUV, que disparó a la multitud durante una asamblea de trabajadores, hiriendo de gravedad a Renny Rojas, quien murió en el acto. Álvarez aún no tiene condena tras nueve años preso.
Un caso de acoso laboral lo constituyen las amenazas, maltratos y persecución a los trabajadores de Vencemos (antigua Cemex, expropiada durante el gobierno de Hugo Chávez), en la planta de Pertigalete (Anzoátegui). Mientras que en la planta de Barquisimeto (Lara), se prohibió la entrada de los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Similares, Afines y Conexos del estado Lara (Sintracel) y dos meses después, el secretario general de la organización, Orlando Chirinos, recibió una notificación de despido el 15 de septiembre.
De acuerdo con Chirinos, analista de aseguramiento de calidad en Vencemos y presidente de la Federación Única de Trabajadores del Cemento de Venezuela (Fetracemento), se trata de una medida de retaliación por exigir reivindicaciones salariales.
“Estos y otros casos revelan que la persecución al movimiento sindical y a los trabajadores por parte del gobierno continuará de forma reiterada y sistemática contra las voces disidentes. Es por ello que urge que la OIT tome acciones concretas contra el régimen para frenar estos atropellos”, señala Torres.
La Comisión de Encuesta centró sus recomendaciones en la necesidad de tomar medidas para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión para que estos actos no se repitan, señaló Torres.
