FundaRedes presentó su Informe Educativo como resultado del monitoreo del Observatorio de Educación que integran los activistas, defensores y docentes miembros de esta organización, documento en el cual se evidencia que en Venezuela se vulneran todos los preceptos legales en torno a este derecho, desde lo establecido en la Constitución nacional, hasta lo que señalan los pactos y tratados internacionales.
Javier Tarazona, director general de FundaRedes explicó que el Informe Educativo desarrollado a partir de la documentación hecha en los estados fronterizos Apure, Táchira, Zulia, Amazonas, Bolívar y Falcón, recoge los datos de cómo la emergencia humanitaria compleja con el colapso de los servicios básicos, los salarios y la infraestructura, ha llevado a la crisis educativa más dramática en el país, y su impacto durante el año 2020 agudizado por la pandemia por COVID-19 ha conllevado a una vulneración masiva del derecho a la educación en Venezuela.
Tarazona detalló que en esta investigación del Observatorio de Educación de FundaRedes se señala que: “La emergencia humanitaria compleja conllevó a que en el lapso 2019/2020 se incrementara más del 60% el abandono en el sistema escolar. Así mismo se documentó que el 90% de las escuelas y liceos de las zonas urbanas y rurales no cuentan con ruta escolar, el 80% del transporte público no funciona y los alumnos viajan en vehículos de carga insegura, vulnerable y de alto riesgo. El 95% de la infraestructura escolar presenta un alto grado de deterioro, sin servicios básicos continuos”.
El informe reveló que una vez implementadas las restricciones para frenar la expansión del COVID-19, el impacto fue más grave para el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en Venezuela no están dadas las condiciones para educar a distancia; “cada día los problemas de servicios públicos son más graves manteniéndose sectores en las zonas rurales y fronterizas excluidos por completo a la conectividad para poder recibir e impartir las clases en línea” además de la falta de equipos tecnológicos y de formación para su correcto uso.
Igualmente en el documento presentado se indicó que: “desde el año 2017 el tema contractual para el gremio docente no ha sido atendido por el Estado venezolano. Actualmente el sueldo promedio del docente es inferior a 6 dólares mensuales. En el año 2019, más de 100.000 maestros renunciaron a sus puestos de trabajo, cifra que representa por lo menos el 30% del total de profesores pertenecientes al Ministerio de Educación. Una de las principales razones fueron los bajos salarios que percibían mensualmente, situación que se repite para este año 2020, y aquellos que no pudieron salir del país tomaron la opción de realizar otros oficios”.
Al respecto, Javier Tarazona enfatizó que en Venezuela el tema educativo, inspirado en dar cumplimiento a los requerimientos de la Constitución que ordena impartir una educación de calidad, dejó de ser una prioridad para el Estado, que ha permitido el deterioro de la infraestructura escolar, ha implementado la ideologización de los contenidos programáticos, mantiene deficiente atención en el tema alimenticio, persiste en nula e inexistente inversión de equipos científicos, y lo más grave, somete a sueldos de hambre a los docentes en todo el sistema educativo.
Por ello, señaló el vocero que el desafío para el 2021 es continuar documentando y denunciando la vulneración en derechos educativos y en general la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, en la búsqueda de que se resuelva desde lo más básico como son los servicios públicos, pasando por la reinversión, la implementación de políticas que realmente permitan una educación de calidad para todos los ciudadanos en todos los niveles.
El Informe Educativo está disponible en el sitio web www.fundaredes.org para hacer su consulta detallada.
