A través de un comunicado, las organizaciones firmantes, entre ellas Provea, Espacio Público y Acceso a la Justicia, condenaron el hostigamiento sistemático ejercido por el Estado venezolano en contra de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos que han dado a conocer información sobre el hecho.
En el documento señala que desde diferentes instancias públicas y estatales se hicieron «señalamientos estigmatizantes con el fin de criminalizar» la labor de activistas y comunicadores sociales, tras vincularlos con sectores políticos partidistas de la oposición, aun cuando sólo estaban haciendo su trabajo: informar sobre un hecho de relevancia pública.
Las instituciones indicaron además que desde el 13 hasta el 16 de diciembre, algunos periodistas fueron descalificados en reiteradas ocasiones por funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, y desde el canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión.
«Las organizaciones firmantes rechazan la intención del Estado de censurar y diluir su responsabilidad ante las sostenidas vulneraciones a los derechos humanos que empujan a la migración forzada de millones de personas en condiciones cada vez más precarias», rezaba la comunicación emitida, en la que también expresaron que el gobierno utilizaba la estrategia del silenciamiento como un patrón de criminalización contra la prensa, al igual que lo hacia con todo lo referente a la información sobre el coronavirus en el país.
En tal sentido, exhortaron a las autoridades correspondientes a velar por el respeto de las garantías de expresión, que ganaban aún más relevancia al tratarse de un tema de interés público, como lo es la desaparición y naufragio de migrantes venezolanos en las costas de Sucre, y que comprendían además el criticar abiertamente a sus funcionarios y políticas.
«Su desconocimiento, a través de declaraciones intimidantes, amenazas o cualquier tipo de represalia es ilegal. De esta forma, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por motivos de persecución política no sólo comprometen su responsabilidad internacional e individual de conformidad con la Constitución y los pactos internacionales, sino que, según su gravedad, pueden constituir crímenes de lesa humanidad a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», reseñaba el documento firmado por las ONG.
Por otro lado, las organizaciones exigieron al Estado cumplir con sus deberes de investigación, sanción y protección de sobrevivientes y familiares por los hechos ocurridos, y asegurar plenamente los derechos de los migrantes venezolanos y de los grupos más vulnerables del pueblo de Güiria.
Además, pidieron que se garantizara el respeto al trabajo periodístico, así como al de las organizaciones que velan por los derechos humanos, pues tal y como señalaron, desde hace tiempo, Güiria y las costas de Sucre cercanas a las fronteras se convirtieron en zonas silenciadas para el periodismo nacional e internacional por coacción de grupos de poder en coalición con cuerpos de seguridad del Estado.
«Desde hace varios años, en el estado oriental conviven denuncias de trata de personas y otras formas de delincuencia organizada que afecta de forma directa a los pobladores», puntualiza el comunicado.
Lea más: www.talcualdigital.com
