El 99 de los 114 conflictos laborales contabilizados en el país durante el mes de noviembre, estuvo referido a los reclamos salariales, seguidos en un 56% en la exigencia de mejores condiciones de trabajo, revela el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical, del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
La mayoría de los reclamos fueron protagonizados por trabajadores del sector público (91%), mientras que la participación de los sindicatos en los conflictos fue de 47%.
El sector salud estuvo involucrado en 30% de los reclamos y el sector educación en 25%, y ambos se mantienen como los principales protagonistas de la conflictividad laboral en Venezuela, revela la información.
Los estados en los que hubo más demandas en noviembre fueron Bolívar (20%), Lara y Distrito Capital (con 16% cada uno), y Anzoátegui (10%).
1.290 reclamos entre enero a la fecha
En el período que va de enero a noviembre, el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) registra 1.290 reclamos, de los cuales 1.061se dieron desde marzo, mes de inicio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19.
Según organizaciones no gubernamentales como Médicos Unidos de Venezuela, desde el inicio de la emergencia nacional por el coronavirus han fallecido -hasta noviembre- 268 trabajadores del sector salud.
Los trabajadores de las empresas básicas del estado Bolívar han estado inactivos desde marzo, lo que provocó un enorme descontento por la falta de recursos económicos para el personal obrero, que los llevó a salir a las calles para protestar y exigir respeto a sus derechos laborales.
Durante el penúltimo mes de 2020, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hecho que fue rechazado por los trabajadores de la industria.
Personal del sector señaló que el hecho es una demostración más del acoso y hostigamiento del que son objeto por exponer públicamente el estado en el que se encuentra la industria, lo que ha supuesto el despido o la cancelación del pago de sus salarios.
Por su parte, los docentes rechazan la estafa educativa que ha promovido el régimen a través de la educación a distancia. Señalan que hasta las instituciones carecen de los medios tecnológicos para los docentes que, por los paupérrimos sueldos, no pueden recargar sus dispositivos de comunicación.
El sector educativo ve con suma tristeza y preocupación que, en menos de un mes, dos maestros se quitaron la vida (en Mérida y Guárico) presionados por sus inhumanas condiciones de vida y por los bajos salarios que percibían, que no les permitía satisfacer sus necesidades básicas.
Advierten que en el sector público la situación de los trabajadores es dramática con respecto al sector privado, ya que los contratos colectivos fueron desconocidos. Los trabajadores de la administración pública apenas reciben el salario mínimo ($1,16 al cambio de la tasa paralela al cierre de noviembre) más una bolsa de comida (básicamente carbohidratos).
En tanto en el sector privado, algunos patronos mantienen las convenciones y el salario incluye una compensación que oscila entre 30 y 50 dólares.
No existe respuesta oficial ante las exigencias de los empleados públicos y los únicos que salen en su defensa son los gremios y sindicatos que lideran los conflictos.
Las movilizaciones toman un cariz de denuncia ante los medios de comunicación, pero se quedan allí sin avanzar a un escenario de negociación por la negativa del Ejecutivo nacional a sentarse a discutir los problemas, destaca el Inaesin.
